La CIJ declara a Myanmar responsable de genocidio contra la minoría rohinyá
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha emitido este jueves una sentencia histórica en la que declara al Estado de Myanmar responsable de cometer genocidio contra la minoría musulmana rohinyá. El fallo, leído en La Haya por el juez presidente Yuji Iwasawa, concluye que las operaciones militares llevadas a cabo en 2017 en el estado de Rakáin tuvieron la intención deliberada de destruir, total o parcialmente, a este grupo étnico y religioso.
Se trata de la primera vez que el máximo tribunal de las Naciones Unidas, fundado en 1945, establece la responsabilidad directa de un Estado por el crimen de genocidio. Los magistrados determinaron que la única explicación razonable para las acciones de las fuerzas de seguridad birmanas es la existencia de una «intención genocida», fundamentada en pruebas de asesinatos masivos, violencia sexual generalizada y la implementación de medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro de la comunidad.
El tribunal consideró probado que durante la ofensiva de 2017 se cometieron tres de las conductas prohibidas por la Convención contra el Genocidio: matanzas de miembros del grupo, lesiones físicas y mentales graves, y la imposición de condiciones de vida calculadas para su destrucción física. Según la sentencia, las fuerzas estatales ejecutaron de forma indiscriminada a civiles, incluyendo menores, y destruyeron sistemáticamente aldeas que posteriormente fueron repobladas con personas ajenas a la comunidad rohinyá.
Como consecuencia de esta resolución, la CIJ ha ordenado a Myanmar la ejecución de un conjunto de medidas de reparación y cumplimiento obligatorio. El Estado deberá facilitar el regreso seguro, digno y voluntario de los más de 700.000 desplazados que huyeron hacia Bangladés, garantizar la restitución de propiedades, e investigar y procesar penalmente a los responsables de los crímenes. Asimismo, Myanmar dispone de un plazo de dos años para presentar un informe detallado sobre las indemnizaciones y medidas adoptadas.
La sentencia también subraya que la negación histórica de la ciudadanía a los rohinyá fue un factor determinante en su vulnerabilidad y en la ejecución del plan genocida. En este sentido, la Corte exige al Estado proteger a la comunidad frente a la discriminación en el acceso a la nacionalidad y garantizar su libertad de circulación. Aunque el fallo establece la responsabilidad del Estado, no conlleva condenas penales individuales contra dirigentes específicos, proceso que correspondería a otras instancias judiciales.
El proceso judicial se inició en 2019 a raíz de una demanda interpuesta por Gambia, a la que posteriormente se sumaron otros once países. Durante las audiencias, la representación de Myanmar defendió que sus actuaciones militares fueron una respuesta antiterrorista contra el grupo armado Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA). No obstante, el tribunal ha rechazado estos argumentos al considerar que la escala y naturaleza de la violencia excedieron cualquier objetivo militar legítimo. El fallo es definitivo y no admite recurso por ninguna de las partes.


