Exdirigentes de ETA se acogen a su derecho a no declarar por los atentados de Santa Pola y el asesinato del coronel Blanco

Varios exdirigentes de la organización terrorista ETA se han acogido este martes a su derecho constitucional a no prestar declaración ante la Audiencia Nacional. Los investigados comparecieron por videoconferencia desde los centros penitenciarios donde cumplen condena, en el marco de las diligencias que investigan la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola en 2002 y el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco en el año 2000.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, había citado como investigados a María Soledad Iparraguirre, alias ‘Anboto’; Ainhoa Mújica, ‘Olga’; Juan Antonio Olarra y Félix Ignacio Esparza por su supuesta implicación en el ataque de Santa Pola. En dicho atentado, perpetrado mediante un coche bomba el 4 de agosto de 2002, fallecieron Cecilio Gallego, de 57 años, y Silvia Martínez, de seis años.

Asimismo, los exdirigentes Olarra y Mújica también estaban citados para responder por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, quien perdió la vida en Madrid en enero de 2000 a causa de la explosión de un vehículo cargado de explosivos. A estas comparecencias se sumó la de Javier García Gaztelu, conocido como ‘Txapote’, quien, según informaron fuentes jurídicas, también declinó prestar declaración ante el magistrado.

Investigación sobre la autoría intelectual

Las diligencias actuales buscan determinar la responsabilidad de los antiguos miembros de la dirección de ETA en la planificación y orden de estos ataques. La línea de investigación, impulsada inicialmente por el magistrado Manuel García Castellón antes de su jubilación, se centra en la estructura jerárquica de la banda, de disciplina militar, donde las decisiones estratégicas de calado eran adoptadas por la cúpula directiva.

En el caso concreto de Santa Pola, los informes obrantes en la causa sugieren que el atentado fue una medida de presión directa contra el proceso de ilegalización de Batasuna, derivado de la entonces reciente Ley de Partidos Políticos. Aunque los autores materiales del atentado, Andoni Otegi Eraso y Óscar Celarain Ortiz, ya fueron condenados en 2012 a 843 años de prisión, el procedimiento actual se dirige contra quienes presuntamente dictaron la orden.

Impulso de las asociaciones de víctimas

La comparecencia de los investigados responde a las peticiones formuladas por las acusaciones particulares y populares, entre las que destacan la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la asociación Dignidad y Justicia. Estas entidades sostienen la tesis de la «autoría mediata por dominio de la organización», argumentando que los atentados no fueron acciones aisladas, sino parte de una estrategia dirigida desde la dirección terrorista.

Con la negativa a declarar de los exdirigentes, el proceso judicial continuará su curso en la fase de instrucción, a la espera de nuevos informes periciales y documentales que permitan avanzar en la determinación de las responsabilidades penales de los miembros del antiguo comité ejecutivo de la banda por estos hechos.