La jueza de la causa por la gestión de la DANA vuelve a requerir a Carlos Mazón sus registros de comunicaciones

La magistrada instructora del procedimiento judicial sobre la gestión de la DANA en Valencia ha solicitado nuevamente al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la aportación voluntaria de su registro de llamadas y mensajes correspondientes al pasado 29 de octubre de 2024. Este nuevo requerimiento se produce tras la confirmación de la Audiencia Provincial de Valencia sobre su personación en la causa en calidad de investigado, según los cauces previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La jueza de Instrucción número 3 de Catarroja ya había consultado el pasado 28 de abril al exmandatario sobre su disposición para entregar el listado de llamadas entrantes y salientes, así como las comunicaciones mantenidas a través de servicios de mensajería instantánea durante la jornada de la catástrofe. El ofrecimiento judicial incluye también la posibilidad de aportar las facturas vinculadas a dichos registros para verificar la actividad del terminal en las horas críticas de la emergencia, que resultó en el fallecimiento de 230 personas.

Hasta la fecha, la representación legal de Carlos Mazón había supeditado la entrega de este material a la resolución de la Audiencia Provincial de Valencia. En un escrito remitido al juzgado el pasado 8 de mayo, la defensa del expresidente argumentó que se encontraba a la espera de que el órgano superior determinara si su participación en el proceso debía realizarse como testigo o como investigado, antes de tomar una decisión sobre la cesión de sus comunicaciones privadas.

Una vez que la Audiencia Provincial ha aceptado su personación bajo los términos de los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), la instructora ha dictado una providencia en la que recuerda al expresidente que su decisión dependía de dicho pronunciamiento jurídico. La magistrada reitera ahora la consulta para que Mazón aclare si, tras clarificarse su estatus procesal, procederá a la entrega voluntaria de los datos solicitados.

En el supuesto de que el expresidente acceda a la petición y aporte los registros, la jueza ha dispuesto que la letrada de la Administración de Justicia proceda al cotejo oficial de la información facilitada. Este paso se considera fundamental para la instrucción, que busca reconstruir la cronología de las comunicaciones institucionales y personales durante la tarde de las inundaciones y determinar el nivel de respuesta ante la crisis meteorológica.