El PSOE evalúa acciones legales contra Leire Díez y descarta responsabilidades penales de la organización
La dirección federal del Partido Socialista ha manifestado que sus servicios jurídicos analizan «sin prisa» la posible interposición de una querella contra la exmilitante Leire Díez. Fuentes de la sede de Ferraz han confirmado que, por el momento, la formación mantiene abiertas todas las opciones legales mientras se avanza en la fase de instrucción del caso, subrayando que no existe temor a una posible imputación del partido como persona jurídica dentro de la investigación coordinada por la Audiencia Nacional.
Desde la organización se asegura que no hay elementos que justifiquen una responsabilidad penal del partido, dado que toda la actividad económica interna está «auditada» y no se han detectado anomalías. Esta postura ha sido refrendada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien ha declarado en sede parlamentaria no tener «miedo ninguno» a dicho escenario procesal. En la misma línea, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha instado a que se aporten las pruebas necesarias para que la justicia determine el alcance de los hechos, reiterando la disposición del PSOE a colaborar plenamente con las autoridades.
La investigación, que cuenta con informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil basados en agendas y libretas incautadas, trata de esclarecer si existió una estructura dedicada a interferir en causas judiciales. En este contexto, el magistrado Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio. El partido ha cerrado filas en torno a su presidenta, calificando de normalidad institucional su comparecencia ante el tribunal.
Según explican fuentes internas, la relación entre Narbona y la exmilitante Leire Díez se originó en un entorno académico hace años y se limitó a consultas sobre asuntos medioambientales, área de especialidad de la exministra. Las mismas fuentes precisan que la comunicación se interrumpió de forma definitiva cuando Díez ofreció información de índole política o judicial, momento en el que Narbona la remitió a la Secretaría de Organización, entonces dirigida por Santos Cerdán.
Finalmente, el Partido Socialista ha enfatizado que el intercambio de mensajes entre militantes no constituye indicio de criminalidad. La presidenta del partido, tras ser consultada por los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, ha declinado realizar comentarios adicionales, limitándose a reiterar su voluntad de colaborar con el procedimiento judicial en curso.
