El juez Pedraz cita como investigado al abogado Jacobo Teijelo en el marco de la instrucción sobre la trama vinculada a Santos Cerdán

El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación del abogado Jacobo Teijelo, citándolo a declarar en calidad de investigado el próximo 25 de junio a las 10:00 horas. La decisión judicial se produce tras la recepción de informes remitidos por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía de Extremadura relativos a presuntas reuniones mantenidas en la sede del Ministerio Público.

Según la providencia del magistrado, el letrado Teijelo, que ejerce la defensa del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es señalado por el instructor como presunto integrante de una trama encabezada por su propio defendido y por la exmilitante socialista Leire Díez. La investigación judicial busca esclarecer la naturaleza de los contactos mantenidos por el abogado en las dependencias oficiales de la Fiscalía General del Estado en Madrid.

La imputación se sustenta en la confirmación por parte del Ministerio Público de la celebración de dos reuniones en la sede de la calle Fortuny entre marzo y abril del año pasado. En dichos encuentros participaron Diego Villafañe, quien fuera número dos del ex fiscal general Álvaro García Ortiz, y la fiscal de la Secretaría Técnica, Beatriz López Pesquera. A ambas citas acudió Jacobo Teijelo acompañado de Leire Díez, quien fue presentada en el protocolo oficial como colaboradora del despacho del letrado.

De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, en la primera reunión, celebrada el 6 de marzo de 2023, Teijelo trasladó la existencia de supuestos hechos con relevancia penal cometidos por terceras personas. En un segundo encuentro posterior, el abogado manifestó su intención de interponer denuncias formales sobre los relatos descritos anteriormente. No obstante, el registro de la Secretaría Técnica no refleja la formalización de denuncia alguna en los últimos dos años.

Desde el Ministerio Público se ha precisado que el fiscal general del Estado fue informado de estas reuniones a posteriori, asegurando que los fiscales intervinientes no recibieron indicaciones previas para el desarrollo de los encuentros. Asimismo, la institución sostiene que no se derivó ninguna actuación procesal de estas citas, al considerar que las alegaciones presentadas por el abogado carecían de sustento probatorio concreto.

El juez Pedraz había solicitado previamente el registro de visitas de la sede fiscal para comprobar los accesos efectuados entre abril de 2024 y junio del año anterior. La diligencia de interrogatorio programada para finales de junio se enmarca en la fase de instrucción para determinar si existieron irregularidades en la relación entre los miembros de la supuesta trama y la cúpula del Ministerio Público.