La Audiencia Nacional solicita al Ministerio de Justicia validar las pruebas de EE. UU. sobre el caso Plus Ultra

El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha remitido una petición formal al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que gestione ante las autoridades de Estados Unidos la validación de las pruebas extraídas del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista de la aerolínea Plus Ultra. Este trámite resulta imprescindible para que la información obtenida por las agencias norteamericanas pueda ser incorporada con plenas garantías procesales a la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros y la presunta mediación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

La solicitud judicial se canaliza a través de la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, un órgano administrativo encargado de la intermediación burocrática con terceros países. El objetivo del instructor es que Washington autorice formalmente el uso de los mensajes y datos volcados en 2021 por el Homeland Security Investigations (HSI) durante un tránsito de Reyes por el aeropuerto de Miami. Sin esta validación, el material probatorio podría carecer de eficacia jurídica en un eventual juicio oral debido a las diferencias en los estándares de obtención de pruebas entre ambas jurisdicciones.

El procedimiento administrativo otorga al departamento dirigido por Félix Bolaños una función de supervisión sobre la legalidad de la solicitud. Según el marco regulador de la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, el Gobierno tiene la potestad de evaluar si la prueba solicitada vulnera derechos fundamentales de un ciudadano español, como la inviolabilidad de las comunicaciones o la tutela judicial efectiva. Fuentes del ámbito jurídico señalan que esta prerrogativa permitiría al Ejecutivo demorar o cuestionar el trámite si se apreciaran irregularidades en la cadena de custodia o en la autorización judicial del volcado original.

Por su parte, la representación legal de José Luis Rodríguez Zapatero ya ha comparecido ante la Audiencia Nacional para impugnar la validez de estos indicios. La defensa argumenta que es necesario aclarar si el acceso al dispositivo móvil se realizó bajo mandato judicial y si los programas informáticos empleados contaron con las debidas garantías periciales. Asimismo, han solicitado al juez Calama que traslade a Estados Unidos un cuestionario técnico para verificar si se respetaron los derechos fundamentales del titular del teléfono durante los cinco años en los que el material permaneció bajo custodia estadounidense.

Las pruebas remitidas inicialmente por el HSI, a través de la Interpol, incluyen conversaciones en las que el empresario venezolano se refería al expresidente como su «pana Zapatero». Estas comunicaciones han situado al exjefe del Ejecutivo en el centro de las pesquisas por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con las comisiones del rescate a Plus Ultra. La investigación analiza si parte de los fondos públicos habrían sido desviados a través de una red de sociedades vinculadas a personas de confianza del entorno del expresidente.

El contexto político también ha generado controversia tras las quejas del Ejecutivo sobre el calendario de entrega del material. El Gobierno ha sugerido que la remisión de las grabaciones podría haber respondido a tensiones diplomáticas previas entre la Administración de Donald Trump y el Gabinete de Pedro Sánchez. No obstante, el cauce judicial sigue su curso a la espera de que el Ministerio de Justicia dé traslado de la petición del magistrado Calama, un paso que definirá la viabilidad de la instrucción en los próximos meses.