El Tribunal Supremo cita como investigado al diputado Félix Alonso por presunta prevaricación administrativa
El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha citado para este lunes al diputado de Sumar, Félix Alonso Cantorné, en calidad de investigado. El procedimiento judicial se centra en la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de diversos contratos durante su mandato como alcalde de Altafulla (Tarragona), responsabilidad que desempeñó entre los años 2011 y 2019.
La causa penal, abierta tras una exposición razonada remitida por un juzgado de El Vendrell, investiga las relaciones contractuales del Ayuntamiento de Altafulla con las mercantiles Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP. Según los indicios recabados en la fase de instrucción, el consistorio habría recurrido de forma sistemática a la utilización de contratos menores, lo que presuntamente permitió eludir los requisitos legales de publicidad y concurrencia competitiva, facilitando así la adjudicación directa de los servicios.
Tras la comparecencia del parlamentario, el instructor tiene previsto tomar declaración a doce testigos vinculados al caso. Entre los citados se encuentran el exconseller y actual diputado autonómico de ERC, Joan Ignasi Elena; el excoordinador de la extinta Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), Joan Herrera; y el exdiputado y exconseller de Medio Ambiente, Salvador Milá. Asimismo, participarán en la ronda de declaraciones varios agentes de los Mossos d’Esquadra y trabajadores de la Oficina Antifraude de Cataluña que han intervenido en las diligencias previas.
Félix Alonso Cantorné ha defendido públicamente su gestión a través de un comunicado oficial en el que sostiene que todas las contrataciones respondieron a «necesidades reales y efectivas» de la administración municipal. El diputado argumentó que, durante su etapa en la alcaldía, el municipio de Altafulla carecía de un jurista en plantilla, lo que obligó a la contratación de asesoramiento externo especializado para gestionar la «fuerte presión urbanística» de la época. Asimismo, ha subrayado la inexistencia de indicios de enriquecimiento personal en las operaciones investigadas.
En el ámbito procesal, la defensa del diputado presentó una solicitud de recusación contra el magistrado Vicente Magro, fundamentada en su anterior vinculación política como senador del Partido Popular. No obstante, el Tribunal Supremo inadmitió a trámite dicha petición por considerarla extemporánea. Por su parte, fuentes del grupo parlamentario de los Comuns han manifestado su confianza institucional en la presunción de inocencia del investigado y han cuestionado la legitimidad de la denuncia inicial, atribuyéndola a una asociación sin actividad conocida.
