PSOE y Sumar acuerdan la eliminación de los delitos de injurias a la Corona e instituciones del Estado
Los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para reformar el Código Penal con el objetivo de suprimir los delitos de injurias y calumnias dirigidas a la Corona y a otras instituciones del Estado. La medida, anunciada este lunes en el Congreso de los Diputados, supone un paso definitivo en la agenda legislativa de la coalición para modificar los tipos penales relacionados con la libertad de expresión.
La presentación del acuerdo ha corrido a cargo del portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo. Ambos representantes han comparecido de forma conjunta para detallar los puntos de una reforma que busca alinear la normativa española con los estándares internacionales y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en materia de crítica a las instituciones públicas.
Dentro del marco de las negociaciones, se ha confirmado la permanencia del delito de enaltecimiento del terrorismo en el articulado vigente. A pesar de que la supresión de este tipo penal constituía una de las demandas iniciales de Sumar para la reforma del Código Penal, el consenso alcanzado con el socio mayoritario del Gobierno ha determinado que dicha figura jurídica se mantenga sin cambios.
Este pacto legislativo también contempla el desbloqueo de la ley que despenaliza las ofensas a los sentimientos religiosos, otra de las cuestiones pendientes en la revisión de los denominados «delitos de opinión». Con este movimiento, los grupos del Gobierno de coalición pretenden acelerar la tramitación parlamentaria de unos cambios que han sido objeto de debate recurrente durante las últimas legislaturas.
La reforma iniciará ahora su recorrido administrativo y parlamentario, donde se precisarán los detalles técnicos de la derogación de los artículos afectados. El anuncio se produce en un contexto de revisión de las libertades públicas, orientando el ordenamiento jurídico hacia una mayor protección del ejercicio crítico frente a las estructuras del Estado y sus representantes.
