El Tribunal de Apelación del Reino Unido ratifica la prohibición de Palestine Action bajo la ley antiterrorista

El Tribunal de Apelación del Reino Unido ha fallado este lunes a favor del Gobierno liderado por el primer ministro Keir Starmer, al determinar que la catalogación de Palestine Action como organización terrorista es una medida «justificada» y «proporcionada». La sentencia de los cinco magistrados revoca un fallo previo de una instancia inferior que había declarado ilegal la prohibición impulsada originalmente por la exministra del Interior, Yvette Cooper, en virtud de la Ley Antiterrorista del año 2000.

La jefa de la Judicatura en Inglaterra y Gales, Sue Carr, fundamentó la decisión señalando que Palestine Action no constituye un movimiento de desobediencia civil tradicional. Según la magistrada, la organización opera de forma encubierta mediante «células secretas» con el objetivo de emplear la violencia para destruir propiedades y causar lesiones, distanciándose de los métodos transparentes utilizados históricamente por otros grupos de protesta.

La resolución judicial tiene un impacto directo sobre más de 700 personas que han sido procesadas bajo el artículo 13 de la legislación antiterrorista, el cual contempla penas de hasta seis meses de prisión. Los procedimientos legales contra estos individuos se encontraban suspendidos a la espera de este dictamen, que ahora despeja el camino para la continuación de los juicios por actividades relacionadas con la organización.

El tribunal enfatizó que los objetivos de Palestine Action incluían el cierre forzado de empresas legales vinculadas a la infraestructura nacional y la defensa británica, tales como proveedores de la OTAN y la alianza de inteligencia «Cinco Ojos». En particular, se mencionaron las acciones contra la firma de defensa Elbit Systems, donde el uso de fuegos artificiales y bombas de humo generó situaciones de pánico entre el personal de seguridad, según los testimonios recogidos en el proceso.

Desde el Ejecutivo, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, celebró el fallo mediante un comunicado oficial. Mahmood precisó que la justicia ha confirmado que el grupo ha perpetrado y ensalzado actos de terrorismo, subrayando que existe una diferencia clara entre el derecho fundamental a la protesta legítima en favor de la causa palestina y el apoyo a una organización ilegalizada que utiliza la violencia contra el Estado de derecho.

Por su parte, la cofundadora de Palestine Action, Huda Ammori, anunció a través de sus representantes legales que apelarán la decisión ante el Tribunal Supremo y, de ser necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ammori defendió las acciones del grupo como una respuesta necesaria ante la industria armamentística y acusó al Estado de priorizar intereses externos sobre los derechos de sus propios ciudadanos.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han expresado su preocupación por el precedente que sienta esta sentencia. La entidad advirtió que equiparar los daños a la propiedad con el terrorismo representa un riesgo para el derecho a la protesta y calificó la aplicación de leyes antiterroristas en estos casos como una medida «completamente desproporcionada» frente a las acciones de protesta directa.

Palestine Action fue formalmente ilegalizada en julio de 2025 tras una serie de incidentes que incluyeron la irrupción en una base de la Fuerza Aérea en Oxfordshire y el asalto a una planta de fabricación de armamento en Bristol. Estos eventos se enmarcaron en la campaña del grupo contra el apoyo del Gobierno británico a las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza.