Barcones defiende la gestión de Protección Civil ante la comisión de la DANA y justifica su viaje oficial a Brasil

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, compareció este martes ante la comisión de investigación sobre la DANA en el Congreso de los Diputados. Durante su intervención, Barcones defendió la actuación de la Dirección General de Protección Civil, apelando al estricto cumplimiento del marco competencial, y ofreció explicaciones sobre su viaje oficial a Brasil el pasado 29 de octubre, coincidiendo con la activación de la alerta roja en la provincia de Valencia. La comparecencia estuvo marcada por el contraste entre los argumentos técnicos de la secretaria general y las duras críticas de la oposición, que solicitó su dimisión inmediata.

El desplazamiento a Brasil para participar en una reunión del G20 sobre reducción del riesgo de desastres centró gran parte del debate parlamentario. Barcones detalló que el viaje tenía un carácter estrictamente institucional y técnico, orientado precisamente a la mejora de la gestión de emergencias. Según explicó, tras aterrizar en el país sudamericano y conocer la verdadera dimensión de la catástrofe, emprendió el regreso de inmediato. «En 50 horas volé 45», subrayó, para ilustrar que apenas permaneció unas horas en territorio brasileño antes de retornar a España para coordinar el dispositivo estatal de apoyo.

El Partido Popular y Vox cuestionaron la oportunidad de dicho viaje, sosteniendo que el desplazamiento proyectó una «falsa sensación de normalidad» en un momento crítico. El diputado del PP, Joaquín Melgarejo, afirmó que la salida del país de la máxima responsable de Protección Civil contradice el relato del Gobierno sobre el conocimiento previo de la gravedad de la situación, llegando a afirmar que Barcones «no debería seguir en el cargo ni un minuto más». Por su parte, Ignacio Gil Lázaro, portavoz de Vox, calificó la decisión como una prueba de que el Ejecutivo «abandonó a los valencianos» y reprochó que no se declarara la emergencia de interés nacional.

En su defensa, Barcones sostuvo que en el momento de su partida los informes oficiales remitidos por la Generalitat Valenciana no hacían prever un colapso. Según la secretaria general, la administración autonómica mantenía la emergencia en situación operativa cero y enviaba partes con la anotación «sin datos relevantes» en apartados clave como seguridad o logística. Barcones insistió en que, de acuerdo con la normativa vigente, la dirección de la emergencia correspondía en exclusiva a la Generalitat y que el Estado cumplió con todas las funciones de apoyo que le fueron requeridas.

La secretaria general también abordó cuestiones técnicas relativas a los sistemas de aviso y la ayuda internacional. Barcones lamentó que la Comunidad Valenciana apenas hubiera realizado pruebas previas del sistema Es-Alert y negó que el Gobierno central pudiera intervenir de oficio el servicio 112 autonómico mientras la Generalitat mantuviera niveles de operatividad bajos. Respecto a la colaboración externa, aseguró que el Gobierno trasladó múltiples ofertas de países como Suecia, Marruecos o Turquía, pero que fue la administración autonómica la que decidió aceptar únicamente la ayuda de Francia y Portugal.

Un punto relevante de la comparecencia fue la revelación de que el Centro Nacional de Coordinación y Seguimiento de Emergencias (CENEM) llegó a contactar telefónicamente con la Generalitat al detectar discrepancias entre la información oficial recibida y las noticias que comenzaban a trascender desde el terreno. Esta llamada, según Barcones, tuvo como objetivo recabar información directa ante la falta de correspondencia entre los partes escritos y la realidad de las inundaciones.

Finalmente, los grupos de Bildu y Sumar respaldaron la posición de la compareciente, argumentando que la polémica sobre el viaje a Brasil constituye una maniobra de distracción para eludir la responsabilidad operativa de la Generalitat Valenciana. Ambos grupos coincidieron en que el mando efectivo de la crisis recaía sobre el Ejecutivo autonómico y que el desplazamiento de cargos estatales no afectaba a la cadena de toma de decisiones sobre el terreno.