Jucil solicita personarse como acusación popular en el caso Leire Díez para defender la neutralidad de la Guardia Civil
La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha formalizado la petición para personarse como acusación popular en el procedimiento judicial conocido como el «caso Leire Díez». El objetivo de la organización es velar por la neutralidad y el prestigio de la institución ante las informaciones que apuntan a posibles intentos de injerencia, presión o descrédito contra las unidades que desempeñan funciones de Policía Judicial en el marco de esta investigación.
La decisión de la asociación se ha hecho pública coincidiendo con la comparecencia en el Senado de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. La responsable del cuerpo ha sido requerida por la Cámara Alta para explicar sus encuentros con Leire Díez, así como la existencia de una presunta trama orientada a desestabilizar causas judiciales que pudieran afectar al entorno del Gobierno de España o al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Desde Jucil han subrayado que su intervención en el proceso se realizará bajo los principios de respeto absoluto a la dirección del magistrado instructor y a la presunción de inocencia de los implicados. La asociación ha manifestado que no pretende interferir ni sustituir la labor del juez, sino garantizar que el nombre de la Guardia Civil no sea utilizado como una herramienta de desgaste en el ámbito político, mediático o institucional.
La solicitud de personación incluye la petición de acceso a las actuaciones que no se encuentren bajo secreto de sumario. La organización profesional considera fundamental que se mantenga la máxima claridad institucional y el respeto a las garantías procesales, especialmente en investigaciones que afecten al funcionamiento ordinario de las unidades especializadas en auxilio judicial.
En su comunicado, la asociación ha advertido de que, si en el transcurso de las diligencias se acreditaran actuaciones dirigidas a condicionar el trabajo de los agentes, reclamarán con firmeza las responsabilidades legales que correspondan. Esta medida se enmarca en la defensa estatutaria que la organización realiza sobre los intereses y la independencia técnica de los miembros del cuerpo frente a influencias externas.
El caso, que continúa su curso en sede judicial, analiza la posible existencia de una red dedicada a la interferencia en procedimientos abiertos. La personación de Jucil añade un actor representativo del colectivo de guardias civiles a una causa que ha generado un intenso debate sobre la separación de poderes y la protección de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al uso partidista de sus funciones.
