El Pleno del Congreso rechaza la reforma para ampliar las competencias del Instituto de las Mujeres

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista para reforzar la estructura y las capacidades de actuación del Instituto de las Mujeres. La iniciativa, que buscaba la trasposición de directivas de la Unión Europea y la actualización institucional del organismo, no ha superado el primer trámite parlamentario tras obtener 174 votos en contra de los grupos PP, Vox y Junts, frente a 166 a favor y cuatro abstenciones correspondientes al PNV.

La propuesta legislativa del PSOE tenía como objetivo principal dotar de mayor blindaje a las políticas de igualdad y mejorar la protección frente a la discriminación. Según defendió la diputada socialista Lidia Guinart, la reforma pretendía realizar una «puesta al día» del organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Igualdad, para adaptarlo a los nuevos retos sociales. Entre las funciones propuestas destacaba la supervisión de algoritmos en sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo para prevenir situaciones de ciberacoso, «deepfakes» y la cosificación del cuerpo de las mujeres.

Desde la oposición, el Partido Popular justificó su voto en contra cuestionando la independencia del organismo. La diputada Silvia Franco señaló que la estructura jerárquica del Instituto permanece «sometida» al Ejecutivo, argumentando que la proposición de ley no garantizaba la protección de la institución frente a posibles «injerencias o interferencias externas» del poder político. Por su parte, Vox calificó la reforma de «entramado ideológico», criticando la proliferación de observatorios e institutos que, a juicio de la diputada Reyes Romero, no resuelven los problemas reales de las mujeres.

La posición de Junts resultó determinante para el rechazo de la norma. El diputado Jose Pagés sostuvo que la iniciativa suponía una ampliación de competencias estatales en un Estado descentralizado, lo cual interpretó como una forma de «politización» que contribuye a las denominadas «guerras culturales». En una línea similar, el PNV optó por la abstención tras advertir sobre una «erosión silenciosa» del autogobierno vasco, debido a la facultad que la ley pretendía otorgar al Instituto para litigar en defensa de intereses colectivos, lo que podría desplazar competencias autonómicas.

Los grupos que integran el Gobierno de coalición y sus aliados habituales defendieron la necesidad de la reforma ante lo que denominaron una «ofensiva reaccionaria». Sumar calificó al Instituto de las Mujeres como una herramienta «imprescindible» para la igualdad efectiva, mientras que Podemos apoyó la tramitación para fortalecer las instituciones encargadas de los derechos de las mujeres, pese a criticar que las políticas feministas han perdido impulso en la presente legislatura.

Finalmente, formaciones como EH Bildu y ERC, aunque se mostraron favorables a actualizar las políticas de igualdad, manifestaron dudas sobre el modelo de «feminismo institucional» planteado. La diputada Isabel Pozuela (Bildu) señaló que el sistema actual presenta límites que lo alejan de la realidad cotidiana, un argumento compartido por Etna Estrems (ERC), quien consideró que las estructuras vigentes no están respondiendo con eficacia a los problemas de acoso y discriminación laboral que persisten en la sociedad.