El PP vincula el «silencio» de Yolanda Díaz ante casos de corrupción con una posible candidatura internacional
El diputado del Partido Popular, Jaime de Olano, ha acusado este miércoles a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de mantener un «silencio cómplice» ante los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, Olano ha vinculado esta postura con una supuesta intención de la ministra de recabar apoyos para dirigir un organismo internacional, mencionando de forma implícita a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En su intervención, el parlamentario popular ha cuestionado la neutralidad de la líder de Sumar, sugiriendo que su continuidad en el Ejecutivo y su proyección exterior dependen del respaldo de las formaciones que integran la coalición de Gobierno. Olano ha criticado el «furor viajero» de la ministra, que ha desarrollado agenda oficial en 22 países, y ha señalado un incremento en las aportaciones públicas a las organizaciones sindicales como parte de una estrategia para consolidar su candidatura internacional.
«Es ahí cuando empezamos a entender sus silencios respecto a Begoña Gómez, Leire Díez, Ábalos y Cerdán», ha afirmado el diputado del PP, quien ha interpelado directamente a la vicepresidenta sobre si «la corrupción dejó de indignarla cuando descubrió que quienes la protagonizan son los mismos que la mantienen». Según Olano, la actitud de la ministra ante estas informaciones prioriza sus aspiraciones personales en organismos extranjeros por encima de la integridad institucional.
Por su parte, Yolanda Díaz ha rechazado las acusaciones y ha optado por centrar su réplica en la gestión del Partido Popular en las comunidades autónomas donde gobierna en coalición con Vox. La ministra ha denunciado que dichos pactos suponen un «ataque a los sindicatos» y al diálogo social, además de promover políticas fiscales que, a su juicio, favorecen exclusivamente a las rentas más altas y establecen criterios de «prioridad nacional» que considera discriminatorios.
La titular de Trabajo ha defendido la agenda social desplegada por el Ministerio y ha recriminado al principal partido de la oposición su falta de compromiso en la lucha contra la corrupción. En este sentido, ha recordado que el Grupo Popular votó en contra de la proposición de ley presentada por Sumar para la creación de una agencia específica de prevención de la corrupción, asegurando que al PP este asunto le importa «un rábano».
Finalmente, la vicepresidenta ha aprovechado su turno de palabra para anunciar que el Ejecutivo tiene la intención de reformar el estatuto de los expresidentes del Gobierno. Esta mención se produce tras las recientes informaciones judiciales que afectan a figuras de anteriores administraciones socialistas, cerrando un debate marcado por el cruce de reproches sobre la regeneración democrática y la política de nombramientos en instituciones internacionales.
