Organizaciones civiles exigen un Pacto de Estado para la prevención del suicidio con carácter vinculante
Cinco de las principales organizaciones especializadas en salud mental y prevención del suicidio en España —Hablar Salva, la Fundación ANAR, el Teléfono de la Esperanza, La Barandilla y la Asociación Sara Jiménez— han formalizado un llamamiento conjunto a todas las formaciones políticas para alcanzar un «Pacto por la Vida». Esta iniciativa propone la creación de un Pacto de Estado por la Prevención del Suicidio que garantice una atención continuada, presupuestos finalistas y un desarrollo legislativo vinculante para frenar una realidad que, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), se cobró 3.808 vidas en 2025.
La propuesta, que ya ha sido enviada por carta a los responsables de Sanidad y Educación de los principales partidos, se articula en torno a los «11 compromisos por la vida». Este documento técnico reclama la implementación de medidas que reduzcan las listas de espera, aseguren una financiación estable y refuercen las plantillas de profesionales. Las entidades subrayan que la cifra de fallecimientos equivale a una media de 11 muertes diarias, situando al suicidio como la primera causa de muerte no natural entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Desde el punto de vista técnico y asistencial, las organizaciones denuncian una carencia estructural de recursos en el Sistema Nacional de Salud. Actualmente, España cuenta con una ratio de cinco psicólogos por cada 100.000 habitantes, una cifra sensiblemente inferior a la media europea, que se sitúa en 18 profesionales. Esta situación deriva en demoras de varios meses entre citas, un escenario que las entidades consideran crítico para personas en situación de riesgo extremo, quienes requieren una intervención temprana, específica y sin interrupciones.
Vicky Nieto, presidenta de Hablar Salva, ha instado a las fuerzas parlamentarias a replicar el consenso alcanzado en iniciativas previas, como la Ley ELA o la reforma constitucional, para aplicarlo a la prevención del suicidio. Según Nieto, es imperativo que la prevención sea un eje central en el debate político y que se establezcan mecanismos que se mantengan con independencia de los cambios de gobierno, tomando como referencia modelos internacionales como el de Francia, donde políticas estables han logrado reducir la mortalidad en un 20%.
La Fundación ANAR ha alertado especialmente sobre el incremento de la vulnerabilidad en menores. Según sus registros, en 2025 atendieron más de 6.000 casos de riesgo en niños, niñas y adolescentes, algunos de apenas 12 años de edad. La entidad señala que lo que hace una década eran llamadas anecdóticas, hoy representan la mayoría de sus intervenciones, evidenciando la necesidad de integrar la educación emocional de forma transversal en el sistema educativo para detectar señales de alerta de manera precoz.
Finalmente, el documento remitido a los grupos políticos insiste en que, si bien el Plan de Acción 2025-2027 supuso un avance inicial, resulta insuficiente para resolver la desigualdad territorial y la falta de seguimiento clínico. Las asociaciones demandan, además, campañas estatales de sensibilización que rompan el estigma social y promuevan una comunicación responsable en medios y plataformas digitales, siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud para facilitar que las personas en sufrimiento puedan solicitar ayuda de manera efectiva.
