Castilla-La Mancha exige la modificación inmediata de las reglas de explotación del Tajo-Segura tras el último trasvase
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su rechazo formal ante la aprobación de un nuevo trasvase de 120 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo hacia la cuenca del Segura. La consejera portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha instado al Gobierno de España a proceder de manera inmediata a la modificación de las reglas de explotación del acueducto, subrayando que esta medida no requiere de mayorías parlamentarias, sino de «voluntad y rigor» para cumplir con la legalidad vigente.
Durante una comparecencia ante los medios de comunicación, Padilla ha recordado que la actualización de la normativa técnica que rige el trasvase es una obligación derivada tanto de la legislación nacional como de diversas sentencias del Tribunal Supremo. Según la portavoz regional, el plazo para ejecutar estos cambios se encuentra «más que agotado», y ha lamentado que la demora administrativa esté perjudicando directamente los intereses socioeconómicos y medioambientales de Castilla-La Mancha.
Desde el Palacio de Fuensalida se sostiene que la falta de actualización de las reglas de explotación permite la perpetuación de derivaciones de agua que, bajo un nuevo marco normativo acorde a las sentencias judiciales, no deberían ser autorizadas. En este sentido, la consejera ha enfatizado que el cumplimiento de los caudales ecológicos y la protección de la cuenca cedente son imperativos legales que el Ministerio para la Transición Ecológica debe aplicar de oficio, sin supeditarlo a negociaciones políticas en las Cortes Generales.
En el plano jurídico, la portavoz ha confirmado que el recurso presentado anteriormente por la Junta de Comunidades contra las reglas actuales sigue su curso procesal. Asimismo, ha avanzado que la Consejería de Desarrollo Sostenible ya evalúa la posibilidad de interponer un nuevo recurso contra la decisión de transferir los 120 hectómetros cúbicos aprobados este martes, manteniendo así la estrategia de defensa de los recursos hídricos regionales en los tribunales.
Finalmente, el Ejecutivo regional ha dirigido críticas a las delegaciones autonómicas del Partido Popular y de Vox, a quienes ha solicitado un posicionamiento firme en defensa del Tajo frente a las directrices de sus respectivas organizaciones nacionales. Padilla ha rechazado los argumentos que califican como desperdicio el flujo de agua hacia Portugal, recordando que el mantenimiento del cauce natural y el cumplimiento de los convenios internacionales son elementos esenciales para la salud de los ecosistemas fluviales.
