La Mesa de la Asamblea de Madrid suspende la tramitación de la ley del concebido por defectos de forma
La Mesa de la Asamblea de Madrid ha acordado este miércoles anular la tramitación de la Ley de Protección de la Maternidad y del Concebido no Nacido, cuya aprobación definitiva estaba prevista para la sesión plenaria de este jueves. La decisión se fundamenta en la aceptación de un escrito de nulidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, en el que se exponen dudas razonables sobre la validez del procedimiento administrativo seguido antes de la elevación del texto al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Fuentes parlamentarias han confirmado que la suspensión conlleva la apertura de un nuevo plazo de enmiendas con el propósito de ofrecer mayores garantías jurídicas al proceso. Esta medida permitirá a los grupos parlamentarios estudiar con el tiempo suficiente los informes técnicos necesarios, ya que, según consta en las alegaciones aceptadas, dos de estos documentos fueron remitidos por error con posterioridad al traslado inicial del proyecto de ley a la Cámara regional.
El núcleo de la impugnación radica en las advertencias de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que señaló que el expediente se encontraba incompleto antes de su paso por el Consejo de Gobierno. Entre las carencias detectadas destacan la ausencia de acuerdos y escritos de alegaciones, así como la falta del informe preceptivo del Consejo de Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Asimismo, se requirieron correcciones de carácter obligatorio tanto en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo como en la Exposición de Motivos del texto.
Desde el Grupo Socialista se ha argumentado que la omisión de estos trámites indispensables podría constituir un fraude en el proceso de lectura única, modalidad elegida para la aprobación de la norma. Los socialistas sostienen que la subsanación realizada este martes mediante la entrega de los informes pendientes no invalida el hecho de que el texto llegó incompleto a su fase ejecutiva inicial, lo que comprometería la integridad y suficiencia del expediente administrativo necesario para garantizar la validez del procedimiento legislativo.
El escrito remitido a la Mesa también subraya deficiencias técnicas en el contenido de la ley, solicitando una definición más precisa de su alcance, la clarificación de los procedimientos destinados a familias numerosas y la supresión de la obligatoriedad de realizar presentaciones exclusivamente por vía telemática. La Abogacía General ya había reclamado previamente la concreción de los informes médicos y el cumplimiento estricto de los trámites de informe para completar el expediente administrativo.
Como consecuencia directa de este acuerdo, la iniciativa legislativa no podrá ser sometida a votación en el Pleno de mañana, el cual debía marcar el cierre del actual curso parlamentario. La normativa, impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que contaba con el respaldo de la mayoría absoluta del Partido Popular, queda ahora a la espera de que se sustancien los nuevos plazos de estudio y enmienda para corregir las insuficiencias señaladas por los órganos consultivos y la oposición.
