Zapatero niega ante el juez cualquier intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha rechazado formalmente ante la autoridad judicial haber mantenido contacto alguno con autoridades, funcionarios o empleados públicos para facilitar la concesión de ayudas públicas a la aerolínea Plus Ultra. Durante su comparecencia, el exdirigente socialista negó de forma tajante haber influido en el proceso administrativo que derivó en la inyección de 53 millones de euros a la compañía a través del fondo de rescate estatal.
La afirmación del expresidente constituye el eje principal de su defensa frente a las sospechas que investiga el juzgado sobre su presunta intervención en la concesión de los préstamos públicos. «No hablé, no solo no influí, con ninguna autoridad política, con ningún funcionario, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra», sostuvo Zapatero ante el magistrado, rechazando cualquier gestión ante responsables de la Administración.
Durante el interrogatorio, el magistrado recordó al declarante que la tesis central del procedimiento sostiene que pudo intervenir para favorecer que la aerolínea obtuviera la financiación. El juez citó la existencia de conversaciones de terceros en la causa que aluden a contactos con el expresidente y comunicaciones en las que aparece la expresión «siguiendo instrucciones del presidente Zapatero», elementos que el investigado desestimó durante su comparecencia.
Esta versión judicial contrasta con las investigaciones desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y diversas informaciones publicadas que apuntan a una reunión en el Ministerio de Transportes con el entonces titular de la cartera, José Luis Ábalos. Según dichas fuentes, el encuentro habría tenido como objetivo impulsar la consideración de Plus Ultra como «empresa estratégica», requisito indispensable para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia gestionado por la SEPI.
Las pesquisas policiales sugieren que la supuesta intermediación buscaba desbloquear una operación que encontraba resistencias técnicas en los niveles administrativos. La presión se habría ejercido de manera especial sobre la Secretaría de Estado de Transportes, cuya conformidad era necesaria para que la aerolínea obtuviera el aval de la Administración General del Estado antes de la aprobación final de las ayudas.
El núcleo de la controversia judicial reside en determinar los criterios por los cuales una aerolínea con una cuota de mercado reducida logró obtener la calificación de estratégica, lo que le permitió recibir 53 millones de euros de dinero público. Fuentes internas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) han manifestado previamente que el expediente generó reticencias y sorpresa entre los técnicos encargados de su evaluación.
La negativa categórica de Zapatero a reconocer cualquier interlocución con responsables públicos añade un nuevo elemento al caso, que deberá dirimir si la concesión de los fondos se ajustó a los procedimientos reglados o si, por el contrario, existieron influencias externas que condicionaron la decisión final del Ejecutivo en favor de la compañía aérea.
