El PP anuncia una auditoría integral del gasto público ante la investigación de la Fiscalía Europea al Ministerio de Igualdad
El Partido Popular ha anunciado este jueves su compromiso de realizar una auditoría exhaustiva de la gestión económica del actual Gobierno si alcanza la presidencia tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Esta posición se produce como respuesta a la decisión de la Fiscalía Europea (EPPO) de iniciar una investigación en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas por un presunto fraude relacionado con fondos de la Unión Europea.
La diligencia judicial de los organismos europeos se centra en el uso de las partidas presupuestarias destinadas a la adquisición de pulseras telemáticas, dispositivos diseñados para el control del cumplimiento de las medidas cautelares y condenas por delitos de violencia de género. La Fiscalía busca determinar si existieron irregularidades o malversación en la contratación y gestión de estos recursos destinados a la protección de víctimas.
Fuentes de la dirección nacional del Partido Popular han manifestado que los ciudadanos conocerán el destino de cada euro público. En este sentido, han reprochado que el Ejecutivo, que se define por sus políticas feministas, se encuentre bajo sospecha por el uso de fondos específicamente reservados para la seguridad de las mujeres maltratadas. Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo han vinculado este caso con otros precedentes de la legislatura, como la dimisión de la anterior directora del Instituto de la Mujer tras las informaciones sobre la gestión de los denominados puntos violeta.
Ester Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha incidido en declaraciones parlamentarias en que un futuro Gobierno del PP impulsará una revisión total de los ministerios. Muñoz ha aseverado que la auditoría analizará dónde, cómo, cuándo y cuánto se ha gastado en cada departamento ministerial, aludiendo a la necesidad de transparencia tras los casos de investigación por la compra de mascarillas durante la pandemia o las incidencias en la seguridad de la red ferroviaria.
La portavoz popular ha cuestionado la coherencia política del Gobierno de coalición, criticando que se utilicen las banderas del feminismo mientras la Fiscalía Anticorrupción Europea interviene para fiscalizar la supuesta malversación de fondos para dispositivos antimaltrato. Asimismo, ha interpelado a los socios parlamentarios del Ejecutivo sobre su posición ante estas sospechas de corrupción que afectan a ministerios clave de la estructura gubernamental.
Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad, la ministra Ana Redondo ha salido al paso de las acusaciones asegurando que la gestión de los fondos para las pulseras de vigilancia se ha realizado conforme a derecho. La titular del departamento ha defendido que los recursos han sido destinados correctamente a su finalidad de protección y que la administración colaborará con los requerimientos judiciales pertinentes para esclarecer la situación.
