La propiedad del inmueble vinculado a la investigación de Plus Ultra no renovará el contrato de arrendamiento a Julito Martínez

Julito Martínez Martínez, señalado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como presunto testaferro del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se verá obligado a abandonar el ático de lujo que ocupa en el barrio de Salamanca de Madrid. La propiedad del inmueble, situado en el número 35 de la calle Diego de León, ha comunicado formalmente su decisión de no prorrogar la relación contractual, que expira el próximo mes de septiembre.

El inmueble ha sido uno de los ejes centrales en las pesquisas judiciales sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra. La vivienda, arrendada en 2021, no solo servía de residencia habitual para Martínez, sino que también albergaba la sede social de Análisis Relevante, una de las mercantiles investigadas en el marco de la trama por su presunto papel en la canalización de movimientos económicos opacos.

La decisión de los propietarios pone fin a una etapa de alta exposición mediática y policial para la finca. El pasado 11 de diciembre de 2025, agentes de la UDEF realizaron un registro en el ático que concluyó con la detención de Martínez. Durante la intervención, los investigadores localizaron un total de 286.070 euros en efectivo ocultos en diversos puntos de la vivienda, incluyendo bolsas de viaje, una caja de vasos, una bolsa de golf y hasta el interior de un radiador.

Fuentes conocedoras de la situación confirman que la propiedad no tiene intención de mantener el vínculo arrendaticio dada la controversia judicial que rodea al inquilino. Esta medida obligará al investigado a trasladar tanto su residencia como la actividad de las estructuras societarias que actualmente figuran domiciliadas en dicha dirección, lo que supone el cierre de un enclave recurrente en los informes policiales sobre las conexiones entre el entorno de Zapatero y negocios vinculados a Venezuela.

Las investigaciones han revelado además una coincidencia geográfica en las actividades bajo sospecha. Mientras Martínez ocupaba el ático del número 35, el número 36 de la misma calle era utilizado por Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según las pesquisas, dicho inmueble funcionó como un centro de operaciones y lugar de encuentro para diversos actores de la trama de comisiones relacionada con el sector público.

A pesar de que ambos inmuebles pertenecen a dos hermanas de una misma familia, la gestión de los alquileres se realizó de forma independiente y sin conocimiento por parte de las propietarias sobre la vinculación de sus inquilinos en las causas judiciales. Con la salida de Martínez el próximo otoño, se desarticula el último de los puntos operativos identificados por la Guardia Civil y la Policía Nacional en este tramo de la capital.

Los informes de la UCO y la UDEF sostienen que estas ubicaciones fueron estratégicas para la gestión patrimonial y la intermediación de fondos de procedencia internacional. El vencimiento del contrato en septiembre marca un punto de inflexión en la logística de los investigados, mientras la causa judicial continúa su curso en la Audiencia Nacional.