El Gobierno efectuó el nombramiento de Albert Soler en el CSD coincidiendo con los requerimientos de la Fiscalía por el ‘caso Negreira’
El Consejo de Ministros aprobó el renombramiento por vía de urgencia de Albert Soler como director general del Consejo Superior de Deportes (CSD) en junio de 2022, un movimiento administrativo que se produjo de forma simultánea a las diligencias clave de la Fiscalía sobre el denominado ‘caso Negreira’. La designación tuvo lugar en el intervalo temporal transcurrido entre dos requerimientos de información dirigidos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y al Fútbol Club Barcelona para investigar los pagos de 8,4 millones de euros realizados a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).
La secuencia de los hechos sitúa la decisión del Ejecutivo el 14 de junio de 2022, apenas cinco días después de que la Fiscalía emitiera, el 9 de junio, un requerimiento de máxima gravedad a la RFEF. Solo un día después del nuevo nombramiento de Soler, el 15 de junio, el Ministerio Público envió una segunda solicitud de documentación al FC Barcelona para recabar los contratos y los motivos de la relación económica con las empresas de Negreira entre 2001 y 2018. El objetivo del CSD, según su estatuto orgánico, es velar por la integridad y transparencia de las competiciones deportivas en España.
Este segundo nombramiento fue necesario tras la intervención del Tribunal Supremo, que el 5 de mayo de 2022 anuló la designación original de Soler de mayo de 2021. El alto tribunal dictaminó la nulidad del Real Decreto que permitía el acceso al cargo de personas que no fueran funcionarios de carrera del Estado, una modificación normativa que el Gobierno había tramitado en escasos cinco días tras la salida de Soler de la directiva del FC Barcelona. Soler ocupó cargos de responsabilidad en el club catalán entre 2014 y 2021, periodo que coincide con parte de los pagos investigados por la justicia.
Para solventar el defecto formal señalado por los magistrados, el Consejo de Ministros aprobó el 14 de junio de 2022 un nuevo Real Decreto que facultaba de nuevo a Soler para dirigir el organismo deportivo. Según fuentes del CSD, la decisión respondió estrictamente a la necesidad de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo y asegurar la continuidad en la gestión de la Dirección General de Deportes, negando cualquier carácter excepcional o relación con las investigaciones judiciales en curso en aquel momento.
Desde el organismo dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte se ha subrayado que no tuvieron conocimiento oficial de la investigación sobre el ‘caso Negreira’ hasta febrero de 2023, momento en que las diligencias saltaron a la esfera pública. Asimismo, el CSD intentó personarse en el procedimiento judicial para ejercer sus funciones de tutela sobre la integridad deportiva, una solicitud que, sin embargo, no fue admitida por el juzgado de instrucción encargado del caso.
La situación procesal de Albert Soler cambió apenas tres meses después de retomar su cargo, cuando fue interrogado por la Policía Judicial en septiembre de 2022. Posteriormente, con la apertura formal de la instrucción penal, Soler fue imputado en la causa. Actualmente, la investigación sobre las presuntas irregularidades en la RFEF y el FC Barcelona ha trascendido el ámbito nacional y está siendo analizada por los departamentos de integridad de la FIFA y la UEFA, organismos que evalúan posibles sanciones disciplinarias de carácter internacional.
Este contexto coincide con la reciente ofensiva institucional del Real Madrid, cuyo presidente, Florentino Pérez, ha instado formalmente a la UEFA a reabrir la investigación contra el FC Barcelona. El club blanco argumenta la existencia de nuevas evidencias y un «riesgo sistémico» para la neutralidad de la competición europea derivado de la red de pagos al estamento arbitral, solicitando medidas restauradoras que garanticen la transparencia del fútbol profesional.
