Óscar Puente califica de «desproporcionada» la condena a Ábalos y cuestiona la suspensión de prisión para Aldama

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado su disconformidad con la reciente sentencia del Tribunal Supremo referida a las irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. El integrante del Ejecutivo ha calificado de «aleccionadora» la resolución y ha criticado el beneficio penal otorgado al empresario Víctor de Aldama, cuya entrada en prisión ha sido suspendida por el Alto Tribunal tras su colaboración con la justicia.

La resolución judicial establece una pena de 24 años de prisión para el exministro José Luis Ábalos y 19 años para su exasesor, Koldo García, al considerarlos responsables de delitos de corrupción y pertenencia a organización criminal. En contraste, Víctor de Aldama ha sido condenado a 4 años y medio de cárcel, una pena que no se ejecutará de forma efectiva siempre que el empresario cumpla con un año de trabajos comunitarios, no reincida y presente informes semestrales de actividad.

A la salida de un acto institucional en el Teatro Real, Puente señaló que la falta de proporcionalidad en el fallo es perceptible para «cualquiera que tenga ojos en la cara». El ministro profundizó en su postura a través de canales oficiales, donde recurrió a la ironía para describir el «perdón» otorgado al comisionista de la trama, sugiriendo que el mensaje enviado por la justicia podría ser interpretado de manera contraproducente para la lucha contra la corrupción.

«¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y ‘colaboráis’, el perdón se abrirá paso», expresó el ministro, quien calificó la sentencia como un precedente que prioriza la confesión sobre la gravedad de los hechos cometidos. Puente también cuestionó las medidas sustitutorias impuestas a Aldama, calificando de insuficiente el requerimiento de presentar informes periódicos frente a la magnitud de las penas impuestas a los antiguos cargos públicos.

Desde el entorno del Gobierno han reforzado esta posición, calificando la diferencia de criterios entre los condenados como una «desproporción sangrante». Fuentes gubernamentales han manifestado que la suspensión inmediata de la pena para el empresario supone un «mensaje» dirigido a otros investigados en causas similares, al tiempo que defienden la necesidad de mantener la proporcionalidad en las responsabilidades derivadas de la gestión pública y la actividad empresarial ilícita.

El fallo del Tribunal Supremo ratifica la existencia de una red organizada para la obtención de contratos públicos de mascarillas, destacando la gravedad de los delitos de cohecho y malversación, aunque la aplicación de la atenuante por colaboración activa ha reabierto el debate institucional sobre el equilibrio de las penas en los grandes procesos de corrupción estatal.