El Gobierno condena la sentencia contra Ábalos y reivindica su principio de integridad
El Ejecutivo central ha manifestado su condena «sin matices» ante los comportamientos del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo que le impone una pena de 24 años de prisión. Fuentes de Moncloa han señalado que los hechos probados en la resolución judicial atentan directamente contra el principio de integridad que, aseguran, rige la gestión del actual Gobierno de España.
La sentencia del alto tribunal vincula a Ábalos con la compra irregular de material sanitario durante el inicio de la pandemia. Junto al exministro, han sido condenados su antiguo asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel, y el empresario Víctor de Aldama. Este último evitará el ingreso en prisión tras haber colaborado activamente con la Justicia durante el desarrollo del proceso de instrucción.
Desde el entorno de la Presidencia del Gobierno se ha intentado desvincular la acción del Ejecutivo actual de la figura de Ábalos, recordando que este abandonó su cargo ministerial en julio de 2021. «Somos un gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público», han trasladado fuentes oficiales, subrayando que durante la presente legislatura se han impulsado normativas para reforzar la ejemplaridad institucional.
A pesar del cierre de filas en torno a la integridad administrativa, el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ofrecido una valoración distinta sobre el fallo judicial. Puente ha calificado la sentencia de «aleccionadora» y ha cuestionado la proporcionalidad de las penas. En concreto, el ministro ha señalado el contraste entre las elevadas condenas impuestas a los antiguos responsables públicos y el beneficio penitenciario obtenido por el empresario Víctor de Aldama.
El Ejecutivo ha evitado realizar menciones nominales directas a los condenados en sus comunicaciones oficiales, centrando su discurso en la defensa del sistema democrático. En este sentido, han reiterado su compromiso de seguir trabajando para que la corrupción no sea «ni aplaudida ni tolerada», tratando de cerrar así una crisis institucional que ha marcado la agenda política tras conocerse el alcance de las irregularidades en la adquisición de suministros durante la crisis sanitaria de 2020.
