Zapatero estudia acciones legales tras la filtración de su agenda y comunicaciones privadas en el caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, evalúa el inicio de medidas legales tras la difusión del contenido íntegro de sus conversaciones privadas con su secretaria, Gertrudis Alcázar, y de su agenda personal para los años 2024 y 2025. La filtración se ha producido en el marco de la instrucción que dirige la Audiencia Nacional en relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Fuentes del entorno del exjefe del Ejecutivo han confirmado a la Agencia EFE que se cuestiona el procedimiento seguido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama. La crítica se centra en la ausencia de una selección previa de los mensajes que resulten estrictamente relevantes para la causa, permitiendo la incorporación de documentos que afectan a la esfera personal del expresidente.
La documentación objeto de controversia figura como anexo al informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, con fecha del 22 de junio. El expediente incluye un documento de más de mil páginas con el volcado completo de un chat de WhatsApp y la planificación de actividades de Zapatero para los próximos dos años. En dichos archivos aparecen comentarios sobre la vida privada y valoraciones personales que carecen de vinculación con los indicios delictivos analizados.
La investigación judicial se centra en el presunto cobro de 200.000 euros por parte de Zapatero. Según el informe de la UDEF, este importe correspondería a labores de intermediación ante el Gobierno de Bolivia en favor del grupo empresarial peruano Gloria. Estos hechos se investigan dentro de la pieza separada sobre las ayudas públicas de 53 millones de euros concedidas en 2021 a Plus Ultra, compañía en la que el expresidente mantiene la condición de imputado.
Por el momento, no se ha concretado el alcance ni la jurisdicción en la que se presentarán las acciones legales. No obstante, la defensa del expresidente subraya que la difusión de información sensible no pertinente para la instrucción vulnera derechos fundamentales, mientras la Audiencia Nacional prosigue con las diligencias para esclarecer la influencia de los pagos en el rescate de la aerolínea.
