El Tribunal Supremo exige a Interior acreditar la seguridad del voto con DNI digital para el 29-N
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia por la que requiere al Ministerio del Interior la certificación, en un plazo máximo de dos días, de los controles de seguridad aplicados a los más de 60.000 dispositivos destinados a la identificación de electores mediante la versión digital del DNI en los comicios generales del próximo 29 de noviembre.
El requerimiento del Alto Tribunal se produce como paso previo a la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas por la organización Iustitia Europa. Esta entidad ha impugnado el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) que levantó la suspensión del uso de la aplicación «MiDNI», solicitando que se paralice este sistema de identificación digital hasta que se garantice plenamente su fiabilidad y protección de datos.
El Gobierno ha realizado una inversión de siete millones de euros en la adquisición de dispositivos de lectura específicos para las mesas electorales. Estos terminales están diseñados para verificar la identidad de aquellos ciudadanos que opten por utilizar el soporte digital en lugar del documento físico. No obstante, el Supremo condiciona su decisión jurídica a que el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska acredite que el sistema cumple con los estándares técnicos vigentes.
En la resolución judicial, el Tribunal Supremo especifica que, de ser afirmativa la certificación de seguridad, el Ministerio deberá adjuntar de forma inmediata la documentación técnica justificativa que avale el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Este precepto legal es el que regula las condiciones necesarias para garantizar la integridad y autenticidad de la información en la Administración Pública.
La decisión sobre las medidas cautelares determinará si el próximo 29 de noviembre los electores podrán hacer uso de la aplicación móvil oficial para identificarse ante las mesas electorales o si, por el contrario, el procedimiento se limitará al uso tradicional del DNI físico, atendiendo a las dudas sobre la seguridad informática planteadas en el recurso contencioso-administrativo.


