La Secretaría General de Valencia aprecia nulidad en una de las contrataciones investigadas por Anticorrupción
El secretario general del Ayuntamiento de Valencia ha emitido un informe jurídico, solicitado por la alcaldía dirigida por María José Catalá, en el que concluye que la contratación de un administrativo por parte de la Fundación Visit València debe calificarse como nula. El dictamen técnico, que ya ha sido remitido a la Fiscalía Anticorrupción, señala que el adjudicatario de la plaza dejó de cumplir los requisitos de las bases antes de que se formalizara su incorporación al organismo municipal.
El núcleo de la controversia jurídica se centra en la figura de Enrique Moner, antiguo empleado del extinto Consorcio Valencia 2007. Según el análisis de la Secretaría General, el aspirante perdió la condición de empleado público —requisito indispensable según las bases de la convocatoria— antes de que se efectuara la propuesta de contratación. El informe sostiene que esta circunstancia, que no fue comunicada por el interesado, impedía la validez del contrato administrativo, calificando el acto como nulo de pleno derecho.
A pesar de la declaración de nulidad, el secretario municipal recomienda mantener al trabajador en su puesto de manera provisional. Esta medida se fundamenta en la existencia de un recurso judicial todavía pendiente de resolución sobre el despido del trabajador en su entidad de origen. Hasta que no exista una sentencia firme en la jurisdicción social, la administración municipal opta por la prudencia para evitar posibles responsabilidades patrimoniales derivadas de una ejecución inmediata de la nulidad.
Por otro lado, el informe técnico exonera de irregularidades a los procesos selectivos tramitados por la Fundación Deportiva Municipal (FDM). Tras analizar los expedientes de dos convocatorias, la Secretaría General afirma que estas se ajustaron a la legalidad vigente y que no se aprecia trato de favor hacia el personal del antiguo Consorcio Valencia 2007. El dictamen defiende que la decisión de declarar desierto uno de los procesos y desistir del otro respondió a criterios de reorganización interna y motivación administrativa suficiente.
La investigación se enmarca en una denuncia presentada por el grupo municipal Compromís, en la que se señalaba una presunta actuación coordinada entre el Ayuntamiento, la Fundación Deportiva Municipal, Visit València y la Autoridad Portuaria de Valencia. La tesis de la denuncia sostiene que se diseñaron siete convocatorias públicas simultáneas con el objetivo de recolocar a trabajadores del Consorcio Valencia 2007 durante su fase de liquidación.
La Secretaría General ha discrepado de los argumentos presentados inicialmente por la Fundación Visit València. La entidad defendía la validez de la contratación alegando que el despido del trabajador estaba siendo cuestionado judicialmente y que una eventual nulidad del mismo tendría efectos retroactivos. Sin embargo, el secretario municipal mantiene que la pérdida de los requisitos exigidos en el momento de la propuesta de contratación es un defecto previo que invalida el proceso administrativo de selección.
El informe remitido a la Fiscalía Anticorrupción se circunscribe exclusivamente al ámbito de competencias del Ayuntamiento de Valencia y sus fundaciones. Por tanto, no entra a valorar las contrataciones realizadas en la Autoridad Portuaria de Valencia, donde dos directivas del extinto consorcio obtuvieron plazas de alta dirección tras ser excluidas o declaradas desiertas las plazas equivalentes en el sector público municipal.
Las diligencias abiertas por el Ministerio Público continúan su curso tras la incorporación de este informe y de otros materiales documentales, incluyendo audios y actas notariales aportados durante la fase de instrucción. La denuncia original incluye indicios de presunta prevaricación y tráfico de influencias, extremos que ahora deberán ser evaluados por la Fiscalía a la luz de las nuevas conclusiones de la Secretaría General del consistorio valenciano.
