Ayuso destaca el compromiso legal de Madrid contra la venta de vivienda pública a fondos de inversión
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este miércoles la política habitacional de su Administración, subrayando que el Gobierno regional mantiene un compromiso legal que impide la venta de viviendas públicas a fondos de inversión. La jefa del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en respuesta a las críticas recibidas por parte del Gobierno de España tras un reciente desahucio en el distrito de Retiro.
A través de un mensaje en sus redes sociales, Ayuso ha salido al paso de las valoraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, quien previamente había vinculado la situación habitacional en la región con la gestión de la Comunidad. La presidenta madrileña ha enfatizado que la normativa vigente en la autonomía prohíbe expresamente la enajenación de patrimonio público de vivienda a entidades de inversión, un mecanismo diseñado para proteger el parque inmobiliario de titularidad regional.
El intercambio dialéctico se ha producido a raíz del desahucio de una mujer de avanzada edad en la calle Alcalde Sainz de Baranda. La ministra Rodríguez había acusado al Gobierno autonómico de facilitar la operativa de los denominados «fondos buitre», señalando que este tipo de entidades son las que han adquirido inmuebles donde residían inquilinos con contratos de renta antigua. Por su parte, la presidenta regional ha cuestionado la eficacia de las políticas estatales, instando al Ejecutivo central a concretar sus planes de vivienda.
«Esta señora no sabe que este Gobierno, por ley, se ha comprometido a no vender viviendas de la Comunidad a estos fondos», ha afirmado Díaz Ayuso, en alusión directa a la ministra de Vivienda. Asimismo, la mandataria autonómica ha ironizado sobre los plazos de ejecución de las medidas de vivienda anunciadas por el Gobierno de coalición, preguntando «cuándo comenzará el reparto de viviendas progresistas».
El conflicto institucional pone de manifiesto la disparidad de criterios entre la administración central y la autonómica en materia de vivienda. Mientras el Ministerio señala la necesidad de regular con mayor rigor la actividad de los grandes tenedores en Madrid, la Comunidad insiste en que su marco legal ya contempla salvaguardas contra la despatrimonialización del suelo público y la vivienda social.
Este episodio se suma a la lista de discrepancias sobre la aplicación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, cuya implementación sigue siendo objeto de debate competencial entre el Ministerio y la Puerta del Sol. Desde el Gobierno regional se sostiene que la solución al problema del alquiler pasa por el aumento de la oferta y la seguridad jurídica, rechazando las intervenciones de precios que defiende el Ejecutivo central.
