El Congreso aprueba la reforma del Código Penal para penalizar las terapias de conversión
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la reforma del Código Penal destinada a penalizar las denominadas terapias de conversión. La iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, busca castigar las prácticas dirigidas a modificar o anular la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género de las personas. Tras recibir el aval de la Cámara Baja con 178 votos a favor, la norma continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Senado.
La votación se ha saldado con el apoyo de las formaciones del Gobierno de coalición y sus socios habituales, mientras que el grupo parlamentario Vox ha votado en contra (32 votos) y el Partido Popular se ha mantenido en la abstención (138 votos). La reforma propone la inclusión de penas de prisión que oscilan entre los seis meses y los dos años, además de multas de ocho a veinticuatro meses, para quienes apliquen estos métodos, incluso si cuentan con el consentimiento de la persona afectada o de sus representantes legales.
Hasta la fecha, estas prácticas estaban tipificadas como infracciones administrativas muy graves bajo la Ley Trans, con sanciones económicas de entre 10.001 y 150.000 euros. Con este cambio legislativo, las terapias de aversión o conversión pasan a ser consideradas delitos penales. Asimismo, el texto establece la prohibición de otorgar ayudas públicas a personas físicas o entidades jurídicas que cuenten con una sentencia firme por cometer, incitar o promover actos discriminatorios de esta índole.
Durante el debate en el hemiciclo, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la necesidad de la norma asegurando que las personas no deben cambiar su forma de vivir o sentir. Por su parte, el diputado del Partido Popular, Jaime Miguel de los Santos, aunque reconoció que estas terapias vulneran los derechos humanos, criticó lo que denominó «sectarismo» en la tramitación y el uso político del colectivo LGTBI+, protagonizando un intenso intercambio dialéctico con el portavoz socialista, Víctor Gutiérrez.
Formaciones como Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromís han respaldado la medida, si bien han coincidido en señalar que la reforma «se queda corta» y han reclamado una mayor ambición en el Senado. Entre las demandas de estos grupos figura el refuerzo de las medidas de reparación y acompañamiento a las víctimas, argumentando que la vía punitiva no es suficiente para abordar las secuelas de estos procedimientos.
Desde la oposición, el grupo Vox ha calificado la reforma de «absoluto despropósito» y un ataque a la libertad individual. La diputada María de la Cabeza Ruiz ha manifestado que la ley podría interferir en la libertad de los padres para buscar asesoramiento psicológico para sus hijos o en la labor de acompañamiento espiritual de los sacerdotes que sean consultados voluntariamente.
De forma complementaria, el Pleno ha aprobado una moción del Grupo Mixto, a propuesta de Compromís, que insta al Gobierno a implementar recursos específicos y soluciones habitacionales para las víctimas de estas prácticas. Esta moción, que pone el foco en la detección precoz y el apoyo social, ha salido adelante con un margen estrecho de 174 votos a favor frente a 169 en contra.
