La Comisión de Acoso de RTVE paraliza el expediente contra el Consejo de Informativos de RNE
La Comisión de Acoso Psicológico de RTVE ha acordado la paralización del expediente abierto contra el presidente y seis vocales del Consejo de Informativos (CDI) de Radio Nacional de España. El procedimiento, iniciado por una denuncia de supuesto acoso, no ha logrado reunir el consenso necesario dentro del órgano evaluador para elevar una propuesta de resolución, lo que supone el cese inmediato de las actuaciones administrativas contra los representantes de los trabajadores.
La decisión se produce tras una votación en la que la parte social de la comisión mostró una posición fragmentada. Según los datos del proceso, el sindicato CCOO votó en contra de la resolución, mientras que USO optó por la abstención. A pesar de que los representantes de la dirección de la corporación y los sindicatos UGT y SI (Sindicato Independiente) se manifestaron a favor de dar continuidad al procedimiento, la normativa interna exige el respaldo de al menos tres votos de la parte social para seguir adelante, requisito que no fue alcanzado.
El Consejo de Informativos de RNE, a través de un comunicado oficial, ha instado a la dirección de RTVE al archivo definitivo de la causa. El órgano de control interno sostiene que el proceso, que incluyó evaluaciones psicológicas a sus miembros, ha sido una consecuencia directa del ejercicio de sus funciones de control editorial. El CDI defiende que su labor se encuentra amparada por la Ley de RTVE y el Estatuto de Información, los cuales les facultan para velar por la independencia, objetividad y veracidad de los contenidos informativos.
Desde el CDI se ha calificado el procedimiento como «injusto e ilegítimo», argumentando que la corporación se ha extralimitado en sus funciones al intentar someter a un órgano de control a un escrutinio disciplinario por el desempeño de sus competencias legales. El órgano recuerda que la normativa vigente garantiza que sus miembros no podrán ser sancionados ni discriminados profesionalmente por acciones vinculadas al ejercicio de su representación durante su mandato ni en el año posterior a su finalización.
Tras la paralización del expediente, los miembros afectados han solicitado formalmente el acceso al informe de resolución elaborado por el gabinete psicológico contratado para el caso. Asimismo, el Consejo de Informativos ha anunciado que se reserva el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas para reparar el daño causado a la imagen y profesionalidad de los vocales implicados.
Este episodio se enmarca en un contexto de tensión entre los órganos de control profesional y la dirección de la corporación pública. El Consejo de Informativos reafirma que su mandato es, precisamente, informar sobre posibles malas prácticas informativas y dar amparo a los profesionales que las denuncien, una tarea que, insisten, goza de pleno respaldo normativo en el ordenamiento jurídico de la radiotelevisión pública española.
