La Comisión Nacional contra el fraude deportivo omitió el ‘caso Negreira’ pese a su mandato de coordinación
La Comisión Nacional para combatir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude en las apuestas (Confad), el órgano interministerial creado por el Gobierno en 2019 para velar por la integridad en el deporte, no registró intercambios de información ni actuaciones coordinadas respecto al denominado ‘caso Negreira’. Según la documentación del sumario y diversos requerimientos oficiales, el organismo, diseñado específicamente para prevenir la corrupción deportiva, mantuvo un silencio institucional mientras instituciones que formaban parte de su pleno ya estaban siendo notificadas por la Agencia Tributaria y la Fiscalía.
La Confad fue establecida mediante una Orden el 9 de julio de 2019, a propuesta del Ministerio de Hacienda y con el impulso de los ministerios de Interior y Cultura y Deporte. Su constitución formal se produjo apenas cuatro días después de que la Agencia Tributaria iniciara las inspecciones sobre las sociedades de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), quien habría percibido pagos superiores a los 7 millones de euros por parte del Fútbol Club Barcelona.
Por imperativo legal, la composición de esta comisión incluía a representantes de la Dirección General de Deportes del Consejo Superior de Deportes (CSD), la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y representantes de las federaciones deportivas españolas, entre ellas la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). A pesar de esta estructura transversal, no consta que la información relativa a las pesquisas judiciales se compartiera en el seno del órgano para articular la respuesta coordinada que establecen sus estatutos.
Durante el periodo en el que se desarrollaban las investigaciones, la Dirección General de Deportes del CSD estuvo encabezada por Albert Soler, quien ocupó el cargo entre mayo de 2021 y enero de 2023. Soler, que fue interrogado por la Policía Judicial en septiembre de 2022 en el marco de la investigación, no trasladó información sobre el caso a la comisión de la que formaba parte. Este hecho fue confirmado por el propio Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita dirigida al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados el 19 de mayo de 2023, donde se afirmaba que el entonces director general no proporcionó datos al presidente del CSD sobre este asunto.
La RFEF, por su parte, recibió el primer requerimiento de información de Hacienda el 18 de octubre de 2021, solicitando detalles sobre las funciones e incompatibilidades de Negreira. Un segundo requerimiento llegó el 9 de junio de 2022 por parte de la Fiscalía. A pesar de que la federación ya disponía de confirmación oficial sobre la gravedad de las pesquisas, tampoco existe registro de que estos elementos fueran comunicados a la Confad para su análisis en términos de integridad competitiva.
La parálisis informativa de la comisión coincidió cronológicamente con la tramitación de la nueva Ley del Deporte, que finalizó en diciembre de 2022 sin que el debate parlamentario incluyera las revelaciones del caso que afectaba a la cúpula arbitral. Paralelamente, en 2021, la RFEF modificó su código ético para reducir los plazos de prescripción de infracciones de diez a tres años, lo que en la práctica supuso el cierre de la vía administrativa para sancionar los pagos investigados, que cesaron en 2018.
El informe técnico ‘Pelícano 2.0’, remitido a la FIFA y la UEFA, destaca que la Confad, como organismo nacido bajo las recomendaciones de los convenios internacionales contra la manipulación de partidos, estaba obligada a servir de centro de cooperación entre las partes interesadas. La ausencia de registros sobre el caso Negreira en este foro de coordinación nacional es actualmente uno de los puntos bajo análisis en las diligencias que tramitan los organismos deportivos internacionales y la justicia ordinaria.
La Confad continúa actualmente con su actividad regular. En su reunión más reciente, celebrada el 3 de junio, el organismo abordó cuestiones relativas a las alertas sobre apuestas sospechosas y la protección de menores, reafirmándose en su nota oficial como el «principal espacio de coordinación nacional en materia de integridad deportiva».
