Informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y comunicaciones interceptadas por autoridades internacionales han revelado las gestiones realizadas en Venezuela por Manuel Aarón Fajardo, a quien los investigadores sitúan como un actor clave en el entorno de los contactos del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el país caribeño. Las pesquisas detallan la adjudicación de proyectos mineros y financieros de gran escala, así como contratos de suministros con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Según la documentación analizada, Fajardo —hijo de un senador socialista por Lanzarote— mantuvo una comunicación fluida con Julio Martínez Martínez, identificado por los agentes como un gestor cercano al expresidente Zapatero. En junio de 2020, Fajardo comunicó haber obtenido una alianza estratégica con el Ministerio de Minas de Venezuela para ejecutar un mercado de minerales que incluía la comercialización de oro, plata, diamantes y rubíes a través de diez franquicias en las ciudades de Bolívar y Caracas.
La información, que llegó a manos de las autoridades de Estados Unidos tras el desencriptado de terminales móviles, señala que Fajardo solicitó apoyo financiero a través de Martínez para estas operaciones. El destinatario final de estas peticiones de liquidez era presuntamente el empresario Danilo Diazgranados, quien se encuentra bajo investigación en Francia por presunta corrupción. En dichas comunicaciones, el expresidente español era mencionado bajo sobrenombres clave como «Zorro», «Z» o «ZZZ».
El entramado financiero buscaba establecer una estructura tecnológica y física para el comercio interno de materias primas en Venezuela, sorteando las ineficiencias del mercado local. A pesar de la obtención de licencias como corredor de bolsa en el país, Fajardo habría enfrentado dificultades operativas derivadas de la falta de liquidez y el impacto de las sanciones internacionales en las importaciones, aunque aseguró a sus socios que el interés de los actores financieros en los recursos naturales trascendía la coyuntura política.
Los informes también recogen la incursión de Fajardo en el sector de suministros básicos. En septiembre de 2021, el intermediario informó de la firma de un contrato con el Ministerio de Comercio venezolano, enmarcado en el denominado «Plan Z», para la entrega de 250.000 pares de calzado escolar por un valor de 2,5 millones de dólares. No obstante, las comunicaciones posteriores reflejan tensiones por el impago de la deuda por parte del Ejecutivo venezolano, lo que habría afectado la estabilidad financiera de la estructura operativa en Madrid y Caracas.
En el ámbito institucional, los mensajes revelan un acceso directo de Fajardo a altos cargos del Gobierno venezolano, incluyendo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, con quien el intermediario gestionaba directamente la viabilidad de sus proyectos. A principios de 2022, el entorno de Fajardo reportó una deuda pendiente superior a los dos millones de euros por los suministros entregados, lo que marcó un punto de inflexión en las operaciones de la trama antes de iniciar movimientos para trasladar su estructura financiera de vuelta a España.
Estas revelaciones forman parte de un contexto más amplio de investigaciones sobre las relaciones económicas y diplomáticas entre actores españoles y el Gobierno de Venezuela, en las que el papel de los intermediarios y gestores financieros continúa bajo el escrutinio de las unidades contra la delincuencia económica.
