El Congreso suspende la aprobación de la reforma para regular los «lobbies» ante la falta de apoyos

La Comisión de Reglamento del Congreso de los Diputados ha suspendido la sesión prevista para el pasado miércoles, 24 de junio, en la que se debía dar luz verde al informe de la ponencia sobre la reforma del Reglamento de la Cámara para regular la actividad de los grupos de interés. La cancelación del encuentro parlamentario, comunicada a los grupos poco antes de su inicio, se produce en un escenario de incertidumbre sobre los apoyos parlamentarios necesarios para que el texto prospere en comisión.

Fuentes parlamentarias atribuyen esta demora a la postura de Junts per Catalunya, cuya abstención en la fase de ponencia ha dejado en el aire la mayoría necesaria para el dictamen definitivo. La formación independentista ha mostrado sus discrepancias con el procedimiento seguido por los grupos que sustentan al Gobierno, PSOE y Sumar, tras un intento de acelerar la tramitación mediante la incorporación de numerosas enmiendas transaccionales y observaciones técnicas de los letrados de las Cortes.

Esta reforma reglamentaria, que propone la creación de un nuevo Título XIV en las normas de la Cámara, tiene como objetivo establecer un marco jurídico para la interlocución entre los diputados y los denominados «lobbies». La iniciativa fue tomada en consideración por el Pleno el pasado 10 de junio de 2025 y se integra dentro del Plan de Acción por la Democracia impulsado por el Ejecutivo para reforzar la transparencia institucional.

Paralización del proyecto de ley para el Ejecutivo

La regulación de los grupos de interés se enfrenta a un bloqueo doble en las Cortes Generales. Además de la reforma del Reglamento interno del Congreso, el proyecto de Ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés —que afectaría específicamente a los miembros del Gobierno y la Administración General del Estado— permanece paralizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Dicho proyecto de ley fue reactivado por el Consejo de Ministros en enero de 2025 bajo el impulso del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública. A pesar de que el ministro Óscar López instó recientemente a los grupos parlamentarios a acelerar su aprobación, el texto no ha logrado avanzar del proceso de ponencia ante la persistente falta de consenso entre las fuerzas políticas representadas en la cámara.

Contenido y objetivos de la normativa

La normativa propuesta contempla la creación de un registro oficial obligatorio, gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), donde deberán inscribirse todas las personas o entidades que deseen mantener reuniones con responsables públicos. Asimismo, se prevé el endurecimiento de las incompatibilidades, estableciendo que los altos cargos no puedan realizar actividades de representación de intereses vinculadas a sus competencias hasta dos años después de su cese, con el fin de limitar las denominadas «puertas giratorias».

En la última votación técnica en ponencia, el Partido Popular y Vox se posicionaron en contra del informe presentado por el PSOE, mientras que Junts optó por la abstención citando falta de comunicación previa en la incorporación de sus enmiendas. Por el momento, la Mesa de la Comisión de Reglamento no ha fijado una nueva fecha para retomar el debate, a la espera de que se reanuden las negociaciones que permitan garantizar la viabilidad de la reforma en el Pleno.