Concluye el plazo de regularización extraordinaria de extranjeros con cerca de un millón de solicitudes presentadas
El proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras impulsado por el Gobierno de España encara este martes, 30 de junio, su jornada de cierre. Tras más de dos meses de actividad desde su apertura el pasado 16 de abril, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha contabilizado más de 900.000 solicitudes registradas, una cifra que organismos sociales como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) elevan ya hasta el millón de peticiones, a la espera del filtrado final de datos.
El Ejecutivo central estima que esta convocatoria beneficiará aproximadamente a medio millón de personas, una vez se depuren las posibles duplicidades en los registros. Fuentes ministeriales han precisado que el procedimiento se desarrolla con normalidad y que ya se están remitiendo autorizaciones provisionales a distintos puntos del territorio nacional tras una revisión pormenorizada de cada expediente. No obstante, advierten que las cifras iniciales están sujetas a variaciones técnicas similares a las experimentadas en procesos anteriores.
En la Cámara Baja, la finalización del plazo ha generado un intenso debate parlamentario. Grupos como Podemos, Sumar, EH Bildu, ERC y BNG han respaldado una proposición no de ley, promovida por el movimiento ‘Regularización Ya’, que solicita una ampliación del calendario administrativo. Las formaciones demandantes argumentan que la fecha de cierre resulta insuficiente para que muchos solicitantes puedan reunir y legalizar la documentación exigida, especialmente aquellos procedentes de países con administraciones menos ágiles.
Durante la última sesión de control al Gobierno, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cuestionó la rigidez de los tiempos institucionales. La diputada señaló que los plazos de 15 días previstos para la admisión a trámite no se están cumpliendo de forma efectiva, lo que, a su juicio, justifica una moratoria para garantizar que ninguna persona quede excluida por dificultades materiales o burocráticas ajenas a su voluntad.
Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la gestión del proceso calificándolo de «éxito de país». La titular de la cartera subrayó que esta medida permitirá el afloramiento de empleo formal, el refuerzo del mercado laboral y la consolidación de derechos para la población inmigrante. Saiz evitó concretar una ampliación del plazo, remitiéndose a un balance posterior y enfatizando que la política migratoria continuará modernizándose con base en evidencias y sostenibilidad económica.
Desde el tercer sector, CEAR ha advertido de un embotellamiento administrativo, indicando que solo un 30 % de las solicitudes presentadas —unas 300.000— han sido formalmente admitidas a trámite hasta la fecha. La organización subraya que la complejidad para obtener certificados en los países de origen está ralentizando el cierre de los expedientes, por lo que han reiterado la necesidad de aplicar criterios de flexibilidad en la fase final del procedimiento para asegurar la eficacia de la medida extraordinaria.
