Testigos confirman ante la Audiencia Nacional una reunión en Ferraz vinculada al caso de Leire Díez
La Audiencia Nacional ha tomado declaración este lunes, en calidad de testigos, a la mujer vinculada al conflicto legal con el fiscal José Grinda y a su actual pareja, en el marco de la investigación que se sigue contra la exmilitante socialista Leire Díez. Las comparecencias se producen tras la denuncia interpuesta por el integrante del Ministerio Público, quien sostiene haber sido objeto de un intento de soborno por parte de Díez a cambio de información sensible sobre otros miembros de la fiscalía.
Durante la sesión, según informaron fuentes jurídicas, la testigo principal ha ratificado que tres abogados acudieron a su domicilio particular. Asimismo, ha confirmado la existencia de un encuentro en la sede nacional del PSOE, en la calle Ferraz, en el que habrían participado la propia Leire Díez, el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, y el diputado Juanfran Serrano. No obstante, la declarante ha manifestado no recordar el contenido específico de los temas abordados durante dicha reunión.
El marco de la investigación se apoya en los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recogen gestiones realizadas por Díez en marzo de 2023. Según los informes policiales, la investigada habría contactado con el diputado Juanfran Serrano, entonces adjunto a la Secretaría de Organización, con el objetivo de facilitar la contratación de la mujer en el seno del PSOE. Estas gestiones habrían derivado en la posterior citación de la testigo en la sede oficial de la formación política.
Las pruebas documentales aportadas a la causa incluyen conversaciones intervenidas a Leire Díez. En una de ellas, tras recibir noticia de que la testigo había sido contactada para una oferta laboral, la investigada afirmó que «Juan Fran (había) sido obediente». Estas comunicaciones son analizadas por el juzgado para determinar si existió un presunto tráfico de influencias o una estrategia para obtener información comprometida de miembros del Ministerio Público mediante contraprestaciones laborales.
El caso se originó a raíz de las denuncias de José Grinda, quien alertó sobre las maniobras de la exmilitante socialista para acceder a datos privados de fiscales. La fase de instrucción continúa con el análisis de las declaraciones prestadas hoy, que buscan esclarecer el grado de implicación de los cargos públicos mencionados y la naturaleza real de los encuentros mantenidos en las dependencias del partido.
