La Comisión Europea autoriza el desembolso de 402 millones de euros en ayudas al transporte en España

La Comisión Europea ha ratificado la legalidad del paquete de ayudas directas por valor de 402 millones de euros destinado por el Gobierno de España al sector del transporte por carretera. Esta medida tiene como objetivo primordial mitigar el incremento extraordinario de los costes del combustible derivado de la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio, según han confirmado portavoces de la institución comunitaria en Bruselas.

El Ejecutivo comunitario considera que el programa es «necesario, adecuado y proporcionado» para garantizar la continuidad de la actividad logística sin distorsionar de manera negativa las condiciones comerciales en el mercado interior. Las ayudas han sido evaluadas bajo el Marco Temporal de Crisis y Transición (METSAF), una herramienta normativa que permite a los Estados miembros asistir a los sectores económicos más expuestos a las consecuencias derivadas de conflictos internacionales.

La estructura de la subvención se divide según el perfil de la empresa beneficiaria. Aquellas compañías que ya forman parte del programa de devoluciones fiscales por el impuesto del diésel podrán cubrir hasta el 70% de los costes adicionales incurridos entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Para las empresas que no se benefician de dicho régimen fiscal, la subvención podrá alcanzar el mismo porcentaje de costes adicionales hasta el 31 de diciembre, o bien limitarse a una cuantía fija de 50.000 euros por entidad.

Desde la Comisión Europea se ha enfatizado el carácter temporal y limitado de esta intervención. Según los servicios de Competencia, la naturaleza de este apoyo público no lastrará los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de la Unión Europea. El argumento institucional sostiene que, al no tratarse de un plan a largo plazo, su función no es alterar las decisiones estructurales de las compañías, sino ofrecer un soporte financiero ante un encarecimiento de precios no previsto por el sector privado.

Con este aval de las autoridades europeas, España dispone de vía libre para la distribución del presupuesto estimado, facilitando así el desarrollo de una actividad económica esencial. El dictamen concluye que el esquema se ajusta al interés común y cumple con los requisitos de transparencia y temporalidad exigidos por el marco reglamentario de la Unión ante situaciones de crisis externa.