La Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra han desarticulado dos organizaciones criminales dedicadas presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en las provincias de Barcelona y Gerona. La operación conjunta se ha saldado con la detención de 23 personas —15 mujeres y 8 hombres— y la identificación de 53 víctimas, de las cuales seis han podido ser liberadas de la red de explotación.
La investigación, liderada por la División de Investigación Criminal (DIC) de la policía autonómica y la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, culminó el pasado 17 de junio con la entrada y registro en 11 inmuebles utilizados como prostíbulos. Según informaron fuentes policiales en rueda de prensa este lunes, los agentes lograron intervenir 200.000 euros en efectivo, sustancias estupefacientes y tres vehículos de alta gama.
El origen de las actuaciones se remonta a una alerta activada por el servicio de urgencias de un hospital en Sabadell, donde se detectaron indicadores compatibles con una víctima de trata. Tras la denuncia inicial, los investigadores identificaron la existencia de dos clanes, uno de origen español y otro brasileño, que operaban de forma independiente pero mantenían colaboración logística y de intercambio de mujeres para maximizar sus beneficios económicos.
El modus operandi de ambas redes consistía en la captación de mujeres en sus países de origen mediante falsas promesas de empleo. Una vez en España, las víctimas eran informadas de una deuda contraída por el viaje y los trámites de llegada, lo que las obligaba a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad. Las organizaciones implementaron un sistema de servicios «low cost», con tarifas desde 20 euros, lo que incrementaba el número de clientes y agravaba el control sobre las mujeres.
Dentro de la estructura jerárquica de los clanes, los investigadores destacaron el papel de las «controladoras» o «mamis». Se trataba de mujeres que supervisaban el pago de las deudas y limitaban los movimientos de las víctimas, quienes apenas disponían de una hora al día para salir del inmueble bajo autorización expresa. Los indicios sugieren que algunas de estas controladoras podrían haber sido víctimas de trata en el pasado antes de integrarse en la operativa de la organización.
La vertiente económica del caso ha derivado en una investigación paralela por presunto blanqueo de capitales, debido a que el clan español utilizaba testaferros para el arrendamiento de los locales y la gestión de los ingresos ilícitos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de la Sección de Violencia de Género de Manresa, que ha decretado el ingreso en prisión provisional para ocho de los principales responsables de la red.
