El Gobierno de Venezuela ha emitido un balance oficial de daños tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la semana pasada, cifrando en 855 los edificios afectados en todo el territorio nacional. Esta cifra contrasta significativamente con las estimaciones preliminares de la NASA, que proyectaban afectaciones en cerca de 59.000 inmuebles. Hasta el momento, el número confirmado de víctimas asciende a 1.719 fallecidos, entre los cuales se encuentran 19 ciudadanos españoles, y aproximadamente 5.000 heridos.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, detalló que, de los 855 edificios contabilizados por las comisiones estatales de infraestructura, 189 sufrieron un colapso total y 666 presentan daños parciales. Según el Ejecutivo, estos datos son el resultado de un monitoreo directo sobre el terreno ejecutado por equipos técnicos desplegados en las zonas de desastre. El Gobierno ha activado un plan especial de evaluación estructural para certificar la seguridad en áreas residenciales y comerciales antes de autorizar el reingreso de la población.
La discrepancia con los datos internacionales es notable. El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA, utilizando imágenes del satélite europeo Sentinel-1 del programa Copernicus, estimó que aproximadamente 58.870 edificios podrían haber resultado dañados o destruidos. La agencia estadounidense precisó que su análisis es un «producto preliminar» basado en tecnología de radar que detecta alteraciones superficiales, aclarando que los datos aún no han sido validados mediante inspecciones presenciales en la totalidad de las áreas analizadas.
La gestión de la emergencia también ha derivado en una confrontación política respecto a la distribución de la ayuda humanitaria. Voluntarios de la formación opositora Vente Venezuela denunciaron que agentes de la Policía Nacional Bolivariana y de Protección Civil ordenaron el cierre de varios centros de acopio de donaciones. El Ejecutivo defiende que la asistencia debe canalizarse exclusivamente a través de los mecanismos oficiales para garantizar el orden y la seguridad, argumentando que la proliferación de puntos no autorizados podría dificultar las labores de rescate.
En este contexto, la dirigente María Corina Machado ha denunciado desde Panamá que el Gobierno venezolano impide su regreso al país para sumarse a las labores de apoyo. Según Machado, el Ejecutivo habría restringido el acceso comercial aéreo para obstaculizar su entrada tras los sismos del pasado 24 de junio. La líder opositora calificó de «inaplazable» su presencia en las zonas afectadas y criticó las trabas impuestas a la participación de organizaciones civiles y equipos internacionales de rescate en la atención de la crisis.
Mientras continúa la evaluación de daños, organismos internacionales y agencias espaciales como la Agencia Espacial Europea (ESA) prosiguen con el desarrollo de interferogramas para medir con precisión milimétrica la deformación del terreno. El Estado venezolano mantiene el despliegue de seguridad en las regiones más golpeadas, mientras los equipos de emergencia avanzan en la identificación de víctimas y la estabilización de las infraestructuras críticas.
