Sánchez presenta el Plan de Integración y Ciudadanía y destaca la seguridad y el acceso a la vivienda en Extremadura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este martes el nuevo Plan de Integración y Ciudadanía, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dotada con 500 millones de euros para su primer año de ejecución. Durante el acto, celebrado en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha generado debate al señalar a Extremadura como ejemplo de comunidad con alta seguridad y vivienda asequible, vinculando estas condiciones a su baja tasa de población extranjera.
«Extremadura es la comunidad con menos población extranjera de España, apenas un 4%; también es la más segura y la que más barata tiene la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler», ha afirmado el presidente. Sánchez ha utilizado estos indicadores para rebatir los discursos de «prioridad nacional» promovidos por formaciones de la oposición, argumentando que los problemas de convivencia y delincuencia que estas fuerzas políticas denuncian no se corresponden con la realidad de la región extremeña.
No obstante, el líder del Ejecutivo ha advertido sobre el «invierno demográfico» que afecta a la comunidad y al conjunto de Occidente, subrayando que la falta de relevo generacional representa un reto estructural para el Estado del Bienestar. En este sentido, ha criticado a quienes convierten la inmigración en el eje central de su discurso sobre la inseguridad, calificando estas posturas de alejadas de los datos objetivos.
Un plan de 500 millones y horizonte en 2030
El nuevo Plan de Integración y Ciudadanía contempla la regularización de inmigrantes que ya residen en territorio nacional como una de sus medidas estrella para facilitar la obtención de permisos de residencia y trabajo. La estrategia se articula en torno a cuatro ejes fundamentales: la ordenación de los flujos migratorios, el reconocimiento del trabajo, la integración como un compromiso recíproco y el acceso efectivo a la ciudadanía.
El documento incluye un total de 16 medidas y 10 objetivos con el horizonte puesto en el año 2030. Entre las principales novedades destaca la creación de una agencia estatal de movilidad humana y el desarrollo de una estrategia de movilidad laboral destinada a establecer vías legales y seguras para la inmigración, ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo español.
Impacto económico y demográfico
En el marco de la presentación, Sánchez ha aportado proyecciones económicas para defender la necesidad de mantener y ordenar la población inmigrante. Según los cálculos manejados por el Ejecutivo, la ausencia de flujos migratorios provocaría una contracción del Producto Interior Bruto (PIB) del 19% para el año 2050 y de hasta un 22% para el 2075.
El presidente ha cuantificado estas consecuencias en sectores específicos, asegurando que la falta de inmigración implicaría el cierre de aproximadamente 90.000 establecimientos de hostelería, la pérdida de 50.000 aulas escolares por falta de alumnos y la desaparición de 22.000 explotaciones agrícolas. Con estos datos, Moncloa busca consolidar un relato basado en la «gestión racional y humanista» de la migración como motor de sostenibilidad económica y social para las próximas décadas.
