La justicia de Estados Unidos reconoce una nueva deuda de 24,6 millones contra España por los impagos a las renovables

El sistema judicial de los Estados Unidos ha sumado un nuevo revés contra el Reino de España en el marco del conflicto por las primas a las energías renovables. El juez Amit P. Mehta, de la Corte del Distrito de Columbia, ha dictado una sentencia favorable a los inversores afectados en el caso BayWa, reconociendo una deuda de 24,6 millones de euros que podría incrementarse por los intereses de demora. Esta resolución eleva a ocho el número de fallos condenatorios en territorio estadounidense durante el último año, situando el total de embargos reconocidos en 706,5 millones de euros.

La decisión judicial se produce apenas veinticuatro horas después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rechazara la petición de amparo presentada por la Abogacía del Estado. Con esta negativa, el alto tribunal norteamericano cierra la puerta a los intentos de España por cuestionar la jurisdicción de sus tribunales federales en estos procedimientos, avalando de forma implícita la ejecución de laudos arbitrales emitidos por organismos internacionales como el Ciadi, dependiente del Banco Mundial.

Fuentes jurídicas vinculadas al sector de las renovables señalan que la resolución del caso BayWa, gestionado actualmente por el fondo Blasket Renewable Investments, marca un punto de inflexión. Según estos expertos, el proceso abandona la fase de disputas jurisdiccionales para entrar en una etapa de ejecución efectiva. La estrategia de los acreedores se centrará ahora en la localización y embargo de activos soberanos españoles para recuperar las cantidades reconocidas en los tribunales de arbitraje.

El historial de litigios en la Corte de Distrito de Columbia refleja una acumulación de sentencias contra los intereses españoles. En los últimos meses, firmas como NextEra Energy (290,6 millones), Antin (125,1 millones), Watkins (93 millones) y RREEF (74 millones) han obtenido resoluciones favorables. A estas se suman los casos de 9Ren Holding, Cube Infrastructure e InfraRed, consolidando una tendencia judicial que complica la posición de la administración española en el extranjero.

La controversia tiene su origen en los cambios regulatorios aplicados al régimen de apoyo a las energías renovables iniciado en 2007. Tras los recortes retroactivos a las primas aplicados en 2013, decenas de inversores internacionales acudieron al arbitraje internacional. En la actualidad, España acumula decenas de laudos pendientes de pago que superan los 2.310 millones de euros, incluyendo sobrecostes financieros y procesales.

Pese a la presión internacional, que ha llevado a tribunales de Reino Unido, Bélgica, Australia, Países Bajos y Singapur a autorizar el registro de laudos para posibles embargos, el Gobierno de España mantiene su política de no ejecutar estas compensaciones de manera generalizada. Hasta el momento, solo se ha hecho efectivo el pago de 32 millones de euros a la compañía japonesa JGC Holdings, mientras que el resto de los demandantes sigue sin percibir las indemnizaciones fijadas por el Ciadi.