El Partido Popular expresa preocupación por la gestión de la Ley de Nietos en Argentina
El Partido Popular ha manifestado su inquietud ante las labores que Francisco Salazar, exdirector de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno, está desarrollando en Argentina en relación con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo sospecha que los procesos de nacionalización derivados de la denominada «Ley de Nietos» podrían formar parte de una estrategia de «ingeniería electoral» para incrementar el censo de votantes en el exterior.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto el debate sobre el impacto que estas regularizaciones y nacionalizaciones pueden tener en los próximos procesos electorales. Según los datos manejados por la formación de la oposición, el Gobierno habría recibido aproximadamente 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad, de las cuales solo unas 100.000 habrían sido denegadas hasta la fecha, quedando el resto en proceso de tramitación.
La atención de los populares se centra específicamente en la ciudad de Buenos Aires, donde se estima que existen unas 640.000 solicitudes. En esta capital reside actualmente Francisco Salazar, veterano asesor socialista que fue clave en el ascenso de Pedro Sánchez en las primarias de 2017 y que se trasladó a Argentina en el verano de 2024 para trabajar en servicios de consultoría electoral, tras el archivo de una denuncia por supuesta agresión sexual.
Fuentes internas del Partido Popular subrayan la necesidad de permanecer «vigilantes» sobre el trabajo que Salazar pueda estar realizando cerca de las administraciones públicas y empresas privadas argentinas. El temor de la formación es que la concesión de nacionalidades a descendientes de españoles sin un arraigo directo actual se utilice para alterar los equilibrios en provincias clave, dado que el Ejecutivo posee la potestad de asignar la provincia de votación en ciertos supuestos.
Dentro del seno del PP, diversos cargos han admitido cierta lentitud en la reacción institucional ante este fenómeno. Algunos parlamentarios señalan que los resultados del Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) en recientes procesos autonómicos ya mostraban tendencias que califican de «atípicas», instando a la dirección del partido a proponer medidas legislativas que aseguren la transparencia en la comprobación del arraigo y en la asignación de la provincia para el ejercicio del voto.
Por su parte, sectores más críticos del partido advierten de que la cifra de nuevos votantes potenciales podría alcanzar el millón de personas antes de las próximas elecciones generales. Esta situación, señalan, explicaría el interés del Gobierno por agotar la legislatura mientras se procesan los expedientes de nacionalidad en los consulados con mayor volumen de solicitudes, especialmente en Iberoamérica.
