El PSOE defiende la legalidad de la «Ley de Nietos» frente a las críticas de Feijóo por presunta «ingeniería electoral»
La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Montse Mínguez, ha rechazado de forma tajante las recientes declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en las que cuestionaba la integridad de la denominada «Ley de Nietos». Mínguez ha calificado de «ignorancia y mala fe» la postura del líder de la oposición, quien denunció que la norma —que facilita la nacionalidad a descendientes de españoles en el exterior— podría responder a una estrategia de «ingeniería electoral» para alterar el censo.
En una entrevista concedida a Televisión Española, la dirigente socialista ha defendido la robustez del sistema de concesión de nacionalidad, asegurando que el proceso es plenamente «garantista» y recae bajo la supervisión técnica de los funcionarios que desempeñan su labor en la red de consulados de España. Según la portavoz, las afirmaciones del Partido Popular intentan «desvirtuar» el contenido y el espíritu de la legislación vigente.
Mínguez ha recriminado al presidente del PP que mezcle conceptos distintos como la regularización de inmigrantes, la Ley de Memoria Democrática y el funcionamiento del voto exterior. En este sentido, la portavoz ha recordado que el propio Núñez Feijóo mantenía una postura favorable hacia la facilitación de la nacionalidad para los descendientes de españoles durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, acusándole ahora de contradecir sus antiguas posiciones políticas.
Desde la bancada socialista se ha hecho especial hincapié en la necesidad de manejar con rigor los datos administrativos. Mínguez ha señalado que las cifras de solicitantes que se están difundiendo no corresponden a la realidad de las nacionalidades efectivamente concedidas. En concreto, ha matizado que es necesario distinguir entre las «cifras en bruto» —que cifran en 2,5 millones las posibles solicitudes— y las «cifras en neto», instando a la oposición a contrastar los datos antes de alarmar sobre un supuesto descontrol en el censo electoral.
Finalmente, la portavoz ha enmarcado la estrategia de Núñez Feijóo en una política de confrontación que, a su juicio, carece de un «plan país» y se limita a seguir la consigna de «el que puede hacer, que haga». Con este cruce de declaraciones, la Ley de Memoria Democrática se sitúa nuevamente en el centro del debate parlamentario, especialmente en lo relativo a sus implicaciones en la demografía electoral y los derechos de la diáspora española.
