Investigan al alcalde y cinco concejales de Frigiliana por presunta prevaricación y malversación
El alcalde de Frigiliana (Málaga), Alejandro Herrero, y al menos cinco concejales de su equipo de gobierno han sido declarados investigados en una causa judicial que rastrea presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, incluyó registros exhaustivos en la sede del Ayuntamiento y otras dependencias municipales durante la jornada del pasado martes.
Según han confirmado fuentes de la investigación, el regidor socialista es el principal cargo señalado en estas diligencias. Los registros, efectuados por la Guardia Civil bajo orden judicial, se prolongaron durante más de trece horas, concluyendo cerca de las 22:30 horas. Durante este periodo, los agentes recabaron información en distintos formatos y procedieron al fotocopiado de numerosa documentación contable y administrativa para su posterior análisis.
Aunque la causa se encuentra en fase de instrucción, las fuentes consultadas aún no han precisado el desglose técnico de los delitos que se imputan individualmente a cada uno de los seis miembros del Ejecutivo local implicados. La investigación se centra en determinar si existieron irregularidades penales en la gestión de los fondos públicos o en la toma de decisiones administrativas en el consistorio malagueño.
Tras la finalización de la jornada de registro, el alcalde Alejandro Herrero atendió a los medios de comunicación para explicar que el equipo de gobierno colaboró con los investigadores en la recopilación de datos y facturas. «Hemos estado todo el día haciendo fotocopias», señaló el regidor, restando importancia a la naturaleza de la intervención y limitándola a un proceso de entrega de documentación solicitada por la autoridad judicial.
La causa permanece abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrox, que deberá analizar ahora el material intervenido por la Guardia Civil para dirimir si existen indicios suficientes de criminalidad que justifiquen la continuidad del proceso judicial contra los cargos públicos investigados.
