Dimite la directora de Desarrollo de Isdefe tras su imputación en la causa sobre adjudicaciones públicas
María Teresa Castillo, hasta ahora directora de Desarrollo Corporativo y Estrategia de Isdefe, ha presentado su dimisión tras la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, de incluirla en la lista de 25 personas investigadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos. Esta renuncia supone la primera salida de un alto cargo público desde que se conoció el avance de la instrucción judicial vinculada a la exsenadora Leire Díez.
Castillo, que se incorporó a Isdefe —compañía pública adscrita al Ministerio de Defensa— en mayo de 2023, ocupaba una posición estratégica dentro de la organización. Su vinculación con los hechos investigados se remonta a su etapa anterior en Mercados Centrales de Abastecimientos (Mercasa), sociedad participada mayoritariamente por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En dicha entidad, desempeñó el cargo de directora de Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales entre abril de 2020 y mayo del año pasado.
La investigación judicial se centra en las presuntas gestiones realizadas durante su permanencia en Mercasa. Según las diligencias en curso, la trama supuestamente liderada por Leire Díez habría negociado el cobro de comisiones ilegales en relación con el cambio de sede de la sociedad pública a una nueva ubicación en las proximidades del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. Estos movimientos coincidieron en el tiempo con la transición de Castillo hacia su puesto en el Ministerio de Defensa.
La salida de la directiva se ha hecho efectiva de manera inmediata, procediendo Isdefe a la retirada de su nombre y perfil profesional del organigrama oficial publicado en su página web institucional. Fuentes cercanas a la compañía han confirmado que la renuncia busca preservar la estabilidad de la entidad ante el proceso judicial que afronta la exdirectiva a título personal por su gestión en la anterior etapa administrativa.
El caso, que ha puesto el foco sobre la supervisión de los contratos en las empresas dependientes de la SEPI, continúa su curso bajo la dirección del juez Pedraz. Además de Castillo, la investigación afecta a otros miembros vinculados al grupo Hirurok, como Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, detenidos hace un año en el marco de la misma operación por presuntos delitos relacionados con la corrupción en los negocios y la administración pública.
