Óscar Puente acusa a la oposición de utilizar la inmigración como «señuelo» ante la falta de propuestas sectoriales
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado este miércoles su rechazo a las críticas de las formaciones políticas PP y Vox en materia migratoria. El titular de la cartera ministerial ha acusado a ambos partidos de practicar una «política de señuelos, miedo y dudas» con el objetivo de ocultar, bajo su criterio, la ausencia de proyectos sólidos para la ciudadanía en ámbitos como la industria o el empleo.
En declaraciones realizadas ante los medios de comunicación en Valladolid, tras la presentación de un nuevo proyecto empresarial, Puente ha lamentado que el Partido Popular se haya sumado a la estrategia discursiva de Vox. El ministro ha sostenido que este tipo de posicionamientos responden a una táctica electoralista ante la falta de alternativas programáticas sustanciales en la gestión económica y social.
Durante su intervención, el ministro ha defendido la vigencia de la Ley de Memoria Democrática y, específicamente, la ampliación del acceso a la nacionalidad española para descendientes de emigrantes, conocida como la «ley de nietos». Puente ha subrayado que el Partido Popular llegó a registrar en el pasado una propuesta legislativa con términos similares, asegurando que la comparación de ambos textos revela un contenido «prácticamente idéntico».
Asimismo, el representante del Gobierno ha descartado que la citada normativa responda a intereses electorales vinculados al voto exterior. Para sustentar esta afirmación, Puente ha aportado datos históricos sobre el impacto del sufragio de los españoles residentes en el extranjero, calificándolo de «nulo» en términos generales. Según los registros oficiales citados por el ministro, en los cincuenta años de democracia en España se han elegido cerca de 6.000 diputados y solo 44 escaños han experimentado alteraciones tras el escrutinio del voto exterior.
Por otro lado, Óscar Puente se ha referido a la situación de la regularización de inmigrantes y a la reciente postura del Tribunal Supremo de analizar la legalidad del proceso. El ministro ha calificado de «sorprendente» la intervención judicial en esta materia, sugiriendo que tales acciones podrían interpretarse como un intento de limitar la capacidad legislativa y de decisión del Parlamento.
Finalmente, el ministro ha reiterado que el uso de la inmigración como eje del debate político busca «sembrar dudas sobre el sistema». Con estas declaraciones, el Ejecutivo reafirma su defensa de las políticas de inclusión y memoria frente a las críticas de la oposición, en un contexto de creciente debate sobre la gestión de los flujos migratorios y los derechos de nacionalidad.
