La Fiscalía solicita 12 años de prisión para las siete monjas de Belorado por presunto maltrato a religiosas ancianas

La Fiscalía y la acusación particular han formalizado su petición de 12 años de prisión para cada una de las siete monjas cismáticas de Belorado (Burgos). La solicitud se produce en el marco de la causa penal abierta por el presunto maltrato a cinco religiosas de avanzada edad, tras concluir la fase de instrucción liderada por el Tribunal de Instrucción número 5 de Bilbao el pasado mes de mayo.

A las acusadas se les imputan un total de seis delitos: abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida. El proceso judicial entra ahora en una fase determinante tras la solicitud de apertura de juicio oral por parte del Ministerio Público y la representación legal del Arzobispado de Burgos, que actúa como acusación particular.

Los hechos que fundamentan la acusación se centran en la situación de cinco religiosas ancianas, con edades comprendidas entre los 87 y los 101 años. Según el sumario, estas mujeres fueron trasladadas desde el monasterio de Burgos hasta el de Orduña (Bizkaia) a finales de julio de 2024, poco antes de que se ejecutara una orden de desahucio en el convento burgalés. Finalmente, el 18 de diciembre de 2025, la Guardia Civil intervino para retirar a las ancianas del centro de Orduña.

Por su parte, las siete religiosas procesadas han emitido un comunicado este miércoles en el que manifiestan su «total desacuerdo» con las peticiones de cárcel. Las monjas han calificado el procedimiento judicial como una «caza de brujas» y se han declarado «plenamente inocentes», alegando que las imputaciones forman parte de una «persecución y un castigo» derivado de su ruptura con la autoridad eclesiástica.

Tras ser desahuciadas de su monasterio original en Burgos, el grupo de religiosas reside actualmente repartido entre las localidades de La Puebla de Montalbán, en Toledo, y el monasterio de Orduña, en Bizkaia. La defensa de las monjas sostiene que no se cometieron los delitos de maltrato o administración desleal que describen las acusaciones, situando el conflicto en una discrepancia de carácter puramente canónico y patrimonial.

El cierre de la instrucción y la presentación de estos escritos de acusación marcan el preámbulo del juicio oral, donde se dirimirá la responsabilidad penal de las siete integrantes de la comunidad cismática frente a la vulnerabilidad de las religiosas de mayor edad que estaban bajo su cuidado.