El Gobierno ratifica su confianza en la presidenta de la SEPI tras su imputación judicial
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha expresado este miércoles el respaldo explícito del Ejecutivo a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. Esta declaración institucional se produce tras la decisión de la Audiencia Nacional de investigarla en el marco de la pieza separada del «caso Leire Díez», que indaga presuntas irregularidades en contratos públicos.
Desde la sede del Ministerio de Justicia, Bolaños ha sostenido que «no hay nada que ponga en cuestión la gestión» de Gualda al frente del holding público. El titular de Justicia ha remarcado que la posición del gabinete es unánime, citando el apoyo previo manifestado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por el Ministerio de Hacienda, departamento del que depende orgánicamente la SEPI.
La imputación fue acordada el pasado lunes por el magistrado Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. El juez ha citado como investigados a Gualda y a otras 24 personas al hallar indicios de criminalidad relacionados con el presunto cobro de comisiones irregulares en la adjudicación de contratos públicos. A pesar de la apertura de esta fase procesal, el ministro Bolaños ha reiterado que, por el momento, no existen elementos que comprometan la confianza depositada en la directiva.
En cuanto al desarrollo del procedimiento, el Ejecutivo ha apelado al respeto a los tiempos de la administración de justicia. Bolaños ha señalado que es el momento de que la instrucción avance y de que la investigación aclare los hechos, manteniendo una postura de cautela respecto a las implicaciones legales que puedan derivarse del sumario.
Por su parte, la situación judicial de Belén Gualda ha provocado la reacción inmediata de la oposición. El Partido Popular ha solicitado formalmente la dimisión de la presidenta de la SEPI, argumentando que la gravedad de los indicios señalados por la Audiencia Nacional hace insostenible su continuidad en la dirección de la entidad encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado.
