El Tribunal Supremo abre una sexta causa penal contra Alvise Pérez por presuntos desórdenes públicos

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado la apertura de un nuevo procedimiento penal contra el eurodiputado Luis «Alvise» Pérez Fernández, líder de la formación Se Acabó la Fiesta (SALF). En esta ocasión, la investigación se centra en un presunto delito de desórdenes públicos derivado de diversas publicaciones difundidas a través de la red social Telegram en el marco de las protestas del sector agrario acontecidas a principios de 2024.

Según el auto emitido por el Alto Tribunal, el contenido de las publicaciones bajo sospecha incorpora llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de infraestructuras críticas, tales como vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución. El tribunal señala que el investigado habría propuesto la utilización de vehículos particulares para apoyar cortes circulatorios y habría aludido a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales para garantizar el éxito de las movilizaciones.

En su fundamentación jurídica, la Sala precisa que, si bien la libertad de expresión, la libertad ideológica y el derecho de participación política protegen el discurso crítico frente a la acción del Gobierno o la denuncia de actuaciones policiales, este amparo no es ilimitado. Los magistrados subrayan que la protección constitucional no se extiende a llamamientos directos y públicamente difundidos para la ejecución de conductas que puedan derivar en desórdenes públicos agravados, afectando gravemente al orden público.

La causa llega al Tribunal Supremo tras las diligencias iniciales del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid. Tras los informes de la Comisaría General de Información, que considera acreditada la existencia de indicios suficientes sobre la responsabilidad del eurodiputado en el manejo del «Canal Alvise», el tribunal ha asumido la competencia debido a su condición de aforado. Hasta la fecha, el Supremo ya ha tramitado al menos dos suplicatorios ante el Parlamento Europeo para poder avanzar en los procedimientos penales que le afectan.

Con esta resolución, Pérez suma seis causas abiertas ante el Tribunal Supremo. El catálogo de investigaciones incluye presuntos delitos de financiación ilegal de partidos y blanqueo de capitales —relacionados con la recepción de 100.000 euros para su campaña electoral—, así como causas por falsedad e injurias contra cargos públicos, revelación de secretos y amenazas. Entre los querellantes se encuentran el actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la fiscal de delitos de odio de Valencia y el alcalde de Algeciras.