Unai Sordo pide «prudencia» ante la investigación de la SEPI y defiende el impacto de los fondos públicos
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha hecho un llamamiento a la «prudencia» y al rigor institucional tras conocerse la citación como investigada de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, junto a otras 24 personas en el marco de la pieza judicial del caso Leire Díez.
En declaraciones realizadas este miércoles durante su participación en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense en San Lorenzo de El Escorial, Sordo ha subrayado que una imputación judicial constituye una fase procesal de investigación y, en ningún caso, debe equipararse a una condena firme. El líder sindical ha calificado de «sorprendente» el elevado número de personas investigadas de forma simultánea en esta causa.
Sordo ha instado a las autoridades y a la opinión pública a analizar «con detalle» el objeto de las pesquisas. En este sentido, ha sugerido que las posibles irregularidades, de confirmarse, podrían localizarse en las empresas beneficiarias de las ayudas o en agentes intermediarios, y no necesariamente en el personal técnico o directivo del holding público. Pese a esta apreciación, ha reafirmado el principio de «tolerancia cero» del sindicato ante cualquier indicio verificado de corrupción.
En el marco de su intervención, el secretario general de CCOO ha realizado una defensa cerrada del papel de la SEPI y de las políticas de transferencia de recursos públicos, destacando la importancia de los fondos Next Generation. Según su análisis, estas herramientas han sido fundamentales para que la economía española presente indicadores superiores a los de su entorno, vinculando directamente esta gestión con la cifra de 22,5 millones de personas ocupadas en la actualidad.
Finalmente, el dirigente sindical ha advertido sobre el riesgo de instalar un clima de sospecha generalizada sobre todos los recursos públicos destinados a la economía. Sordo ha calificado como una «absoluta barbaridad» la posibilidad de que se cuestione por sistema la inversión estatal, argumentando que este tipo de discursos de «trazo grueso» ponen en peligro los elementos más relevantes de la estabilidad económica y la transformación del modelo productivo en España.
