Balance de la emergencia sísmica en Venezuela: labor civil e internacional precede el despliegue estatal
Tras la serie de sismos que afectaron el norte de Venezuela durante la última semana de junio, la respuesta a la emergencia ha quedado marcada por una primera fase de rescate ejecutada de forma autónoma por la sociedad civil y familiares de las víctimas. A este esfuerzo se ha sumado un despliegue internacional coordinado por el Comando Sur de Estados Unidos y rescatistas de 36 naciones, mientras que las autoridades venezolanas defienden su gestión frente a las críticas por la demora en la movilización de recursos pesados y personal especializado en las áreas más críticas, como el estado La Guaira.
De acuerdo con testimonios de sobrevivientes y corresponsales internacionales, las primeras 72 horas de la catástrofe —considerada la más grave en 30 años— fueron atendidas por ciudadanos con herramientas rudimentarias. Ante el colapso de infraestructuras en urbanizaciones como La Páez, en La Guaira, los vecinos lograron extraer a decenas de personas bajo los escombros sin el apoyo inicial de maquinaria pesada o cuerpos de seguridad del Estado, los cuales, según denuncias locales, no hicieron presencia efectiva hasta transcurridos los primeros dos días del desastre.
En el ámbito institucional, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó el 30 de junio que el Estado ha desplegado un total de 26.121 funcionarios. Según las cifras oficiales, las comisiones de emergencia han logrado la extracción directa de 6.481 personas de entre los restos de las edificaciones, mientras que otras 13.500 habrían abandonado las zonas de riesgo por sus propios medios. Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, rechazó los cuestionamientos a la actuación gubernamental, calificándolos como parte de una campaña de desinformación orientada a desacreditar la atención a los damnificados.
La asistencia extranjera ha jugado un papel determinante en la superación de la ventana crítica de salvamento. Un contingente de 3.660 rescatistas y unidades caninas procedentes de países como España, Francia, El Salvador, Suiza, Argentina y Qatar se incorporó a las labores de búsqueda. Este despliegue técnico y operativo, que incluye tecnología de punta para la localización de personas en estructuras colapsadas, ha sido coordinado en gran medida por organismos internacionales ante la magnitud del evento sísmico ocurrido en el contexto de la actual transición política que atraviesa el país.
Expertos en materia militar y de defensa civil señalan una notable diferencia entre la respuesta actual y la ocurrida durante la tragedia de Vargas en 1999. Analistas consultados atribuyen la lentitud inicial a un cambio en la doctrina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que en los últimos años ha priorizado el control del orden interno sobre las capacidades de ingeniería y atención de desastres naturales. Informes técnicos sugieren que la coincidencia de los sismos con los feriados del 24 de junio también afectó el apresto operacional de las unidades de rescate militares.
A pesar de la activación de hospitales de campaña y centros de recepción de ayuda por parte del Ejecutivo nacional, las víctimas en el terreno reportan dificultades en el suministro de servicios básicos y limitaciones en el acceso de donaciones privadas a las zonas más afectadas. Las autoridades mantienen el control de las vías de comunicación mientras continúan las labores de remoción de losas y el censo de desaparecidos, en medio de una situación humanitaria que sigue bajo observación internacional.
