Santiago Abascal critica el proceso de regularización extraordinaria y alerta sobre la presión en los servicios públicos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha expresado este jueves su firme oposición al proceso de regularización de extranjeros en España, tras conocerse las cifras oficiales de solicitudes. El líder de la formación sostiene que la incorporación formal de más de un millón de personas al sistema generará una competencia directa con los ciudadanos españoles por el acceso al empleo, la vivienda y las prestaciones de bienestar social.

La reacción de Abascal se produce tras la difusión de los datos gubernamentales que cifran en más de 1,17 millones las solicitudes de regularización presentadas, de las cuales más de 600.000 ya se encuentran en fase de tramitación administrativa. A través de un mensaje en sus redes sociales, el dirigente de Vox calificó la situación como una «traición» a la ciudadanía por parte del Ejecutivo central.

Según el análisis del líder de la oposición, la entrada masiva de personas en el mercado laboral y en el sistema de protección social afectará áreas críticas de la administración pública. Entre los sectores específicamente mencionados por Abascal se encuentran las plazas en escuelas infantiles, la disponibilidad de camas hospitalarias y el acceso a las ayudas directas del Estado.

En su discurso, Abascal ha empleado términos severos para definir el proceso, refiriéndose al mismo como una «invasión» y acusando al Gobierno de gestionar el fenómeno migratorio de espaldas a los intereses de los trabajadores nacionales. Esta postura refuerza la línea política de Vox, que aboga por un control fronterizo más estricto y la prioridad nacional en la adjudicación de recursos públicos.

Hasta el momento, el Gobierno defiende el proceso de regularización como un mecanismo necesario para aflorar la economía sumergida y garantizar derechos básicos a personas que ya residen y trabajan en el territorio nacional, contrastando con la visión de conflicto de recursos planteada por la cuarta fuerza parlamentaria del Congreso.