La Guardia Civil detiene a once personas en una operación contra el narcotráfico con requerimientos a la Diputación de Cádiz y la Junta

La Guardia Civil ha detenido este miércoles a once personas y ha procedido a la investigación de una duodécima en el marco de una operación policial que vincula presuntas actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales con la gestión de eventos públicos. En el transcurso de las diligencias, los agentes han requerido expedientes de patrocinio de conciertos y eventos tanto a la Diputación Provincial de Cádiz como a la Junta de Andalucía.

Fuentes próximas a la investigación han confirmado que el operativo se ha centrado en la recopilación de documentación administrativa para esclarecer el origen y destino de fondos relacionados con la organización de actos multitudinarios. Los delitos que se imputan a los arrestados e investigados incluyen narcotráfico, blanqueo de capitales y otras infracciones conexas, cuya tipificación exacta se determinará conforme avancen las diligencias judiciales.

La actuación policial se ha desarrollado durante la jornada del miércoles, momento en el cual los efectivos de la Benemérita se personaron en dependencias de las citadas instituciones para solicitar formalmente los expedientes de patrocinio. El objetivo de los investigadores es verificar si las estructuras de financiación de estos eventos fueron utilizadas para introducir dinero de procedencia ilícita en el circuito legal.

Desde el ámbito institucional, el requerimiento de información se ha tramitado de acuerdo con los protocolos de colaboración con la justicia. La investigación busca determinar la trazabilidad de los contratos y las adjudicaciones de patrocinio vinculadas a la trama investigada, que operaba presuntamente bajo una apariencia de legalidad a través del sector del ocio y los espectáculos.

Por el momento, la operación continúa bajo fase de instrucción y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones de registro en las próximas horas. El caso ha sido derivado a las autoridades judiciales competentes, que deberán analizar la documentación incautada para establecer el alcance real de la red y su posible infiltración en los mecanismos de patrocinio público de la región andaluza.